El habitual vuelo de deportación mensual procedente de Estados Unidos arribó el 28 de agosto al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana con 161 cubanos a bordo, en cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales entre Washington y La Habana.
Entre los retornados, 37 eran mujeres y 124 hombres, mientras que dos fueron trasladados a investigación por presuntos delitos cometidos antes de salir del país, según una nota oficial del Ministerio del Interior (Minint). Esta es la octava operación aérea desde Estados Unidos en lo que va de 2025 y la trigésima tercera que llega a Cuba desde distintos países de la región.
Desde enero, Cuba ha recibido un total de 1.001 personas devueltas desde diferentes países, siendo la mayoría desde territorio estadounidense.
El ritmo de deportaciones a Cuba no ha cambiado con la llegada de la administración de Donald Trump. Desde que se reanudaron estas operaciones en abril de 2023 bajo el gobierno de Joe Biden, el promedio ha sido un solo vuelo de deportación al mes, donde se devuelven de media 80 cubanos.
Bajo este esquema, Washington ha priorizado la expulsión de personas consideradas inadmisibles, muchas de ellas detenidas tras intentar cruzar la frontera con México.
Según datos de Fox News, a finales de 2024 había 1.4 millones de inmigrantes con órdenes finales de deportación en Estados Unidos. De ese total, más de 42.000 eran ciudadanos cubanos, lo que coloca a Cuba entre los países con mayor número de nacionales pendientes de expulsión, superada solo por El Salvador, Honduras, Guatemala y México.
El régimen castrista tiene un control estricto sobre los migrantes que acepta. Esta política le otorga la última palabra en la decisión de retorno, permitiendo rechazar a aquellos que considera indeseables. En consecuencia, EEUU ha recurrido a acuerdos con terceros países para deportar a migrantes que Cuba no acepta.
Por ejemplo, en julio de 2025, dos cubanos, fueron enviados a Esuatini, un país africano, tras ser rechazados por Cuba. El Departamento de Seguridad Nacional de EEUU los describió como individuos con antecedentes penales graves, como asesinato y violación infantil, y señaló que sus países de origen se negaron a recibirlos.
Además de Esuatini, Estados Unidos ha establecido acuerdos con otros países para recibir deportados. Por ejemplo, Uganda aceptó deportados a cambio de asistencia financiera, y Sudán del Sur también ha recibido migrantes deportados.
La Corte Suprema de EEUU permitió temporalmente estas deportaciones a terceros países, lo que ha generado controversia y preocupación entre los defensores de los derechos de los migrantes.
