El juez federal P. Casey Pitts, con sede en San Francisco, ordenó suspender las detenciones de inmigrantes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los tribunales de inmigración, en un fallo que ha sido aclamado como una victoria para los defensores de los derechos de los inmigrantes.
Esta decisión bloquea temporalmente la política que permitía tales arrestos, una práctica que había sido suspendida bajo administraciones anteriores, pero que se reactivó con la administración Trump.
El caso se centra en el cambio de política implementado por ICE bajo la administración Trump, el cual permitió la detención de inmigrantes en los tribunales de inmigración, una medida que previamente solo se aplicaba en circunstancias excepcionales.
El juez Pitts argumentó que esta nueva política presentaba a los inmigrantes una “elección de Hobson”, obligándolos a elegir entre presentarse en la corte y enfrentar la detención, o no presentarse y perder la oportunidad de defender su caso de asilo o apelación, lo que podría resultar en su deportación automática.
Este cambio en la política ha llevado a un aumento significativo de las ausencias de los inmigrantes a sus audiencias, afectando gravemente la integridad del sistema judicial de inmigración. De hecho, el número de órdenes de deportación emitidas por incomparecencia se ha incrementado drásticamente desde que las detenciones en los tribunales fueron reactivadas.
Impacto en la región de San Francisco
La decisión del juez Pitts afecta a la región del Área de Responsabilidad de San Francisco, que incluye el norte y centro de California, así como Hawái, Guam y Saipán. En los tribunales de inmigración de San Francisco y Concord se han documentado más de 100 detenciones desde mayo de este año. El fallo suspende la política de ICE hasta que se emita una decisión definitiva, que se espera para enero de 2026.
El caso fue presentado por inmigrantes solicitantes de asilo que fueron detenidos al salir de sus audiencias de inmigración en los tribunales de San Francisco. Entre ellos se encuentran Carmen Aracely Pablo Sequen, de Guatemala, y Ligia Garcia, de Colombia, quienes compartieron su experiencia de miedo y angustia al ser arrestadas en el mismo lugar donde se suponía que podían buscar justicia.
Sequen expresó que este fallo le permitirá concentrarse nuevamente en su caso de asilo, sin la constante preocupación de ser detenida por ICE fuera del tribunal.
Historia de las políticas de ICE y el fallo de Pitts
La decisión del juez Pitts se basa en una larga historia de políticas de ICE sobre los arrestos en los tribunales. Durante la administración de Obama, los arrestos en estos lugares se limitaban a casos donde la persona representara una amenaza para la seguridad nacional o pública.
Sin embargo, esta política fue suspendida durante el primer mandato de Trump, y restaurada bajo la administración de Biden. La administración Trump volvió a permitir los arrestos en los tribunales sin limitaciones específicas, lo que motivó el fallo del juez Pitts.
El juez también criticó que ICE no proporcionara una explicación razonada para este cambio en la política, lo que podría haber violado el proceso debido bajo la Quinta Enmienda. Además, destacó que la nueva política probablemente había contribuido a la disminución de la asistencia de inmigrantes a sus audiencias, afectando gravemente su derecho a un juicio justo.
Posibles implicaciones del fallo
Aunque la decisión solo afecta a la región de San Francisco, este caso podría tener implicaciones más amplias, ya que otros tribunales podrían seguir el mismo camino. El gobierno federal ha expresado su intención de apelar la decisión ante el Noveno Circuito, lo que podría llevar a una importante batalla legal sobre la constitucionalidad de estas políticas de detención en los tribunales de inmigración.
En paralelo, un tribunal de Manhattan falló de manera contraria, permitiendo las detenciones en los tribunales, lo que podría llevar el caso a la Corte Suprema de los Estados Unidos en 2026.
