El 4 de septiembre de 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) emitió el memorándum PM-602-0190, que refuerza las directrices para determinar la inadmisibilidad de los inmigrantes bajo el criterio de “carga pública”.
Esta política, que se aplica a quienes solicitan residencia permanente o tarjetas verdes, tiene como objetivo evitar que los inmigrantes dependan del gobierno para su subsistencia. El principio básico establece que los solicitantes deben demostrar que no serán una carga para el Estado, lo que complica especialmente la situación para los inmigrantes con menos recursos.
¿Qué implica la nueva política?
El memorándum refuerza la interpretación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que exige que los inmigrantes demuestren que no dependerán de los beneficios públicos, como Medicaid o programas de asistencia alimentaria, para vivir en EEUU.
Para evaluar esta condición, USCIS considera factores como edad, salud, familia, activos, recursos financieros y educación. Además, los solicitantes deben cumplir con los requisitos del “Affidávit de Apoyo” (Formulario I-864), que obliga a un patrocinador a garantizar que el inmigrante no dependerá de los servicios públicos.
Este endurecimiento de las reglas bajo la administración Trump busca asegurar que los inmigrantes que solicitan residencia no serán una carga económica para el sistema. Si no cumplen con los requisitos de ingresos y prueba de estabilidad financiera, la solicitud podría ser rechazada.
Las familias de bajos ingresos y los recién llegados se verán especialmente afectados, pues el gobierno federal exige que el patrocinador presente pruebas claras de la capacidad económica para mantener al solicitante sin recurrir a los beneficios públicos.
Cubanos no se ven afectados
Los cubanos que ajustan estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano de 1966 están exentos del criterio de carga pública. Esta exención está en la normativa vigente de USCIS: cubanos, haitianos, refugiados y asilados no están sujetos a ser declarados inadmisibles por carga pública cuando solicitan la residencia.
Por lo tanto, un beneficiario de la Ley de Ajuste Cubano no será negado por carga pública, aunque haya recibido ciertos beneficios públicos.
La política no es un proceso de evaluación unilateral; más bien, se basa en un análisis integral de los antecedentes y la situación del solicitante. Si un solicitante no puede proporcionar el Affidávit de Apoyo, o si el patrocinador no cumple con los requisitos financieros, su solicitud de residencia podría ser denegada.
Además, los inmigrantes que han utilizado beneficios públicos en el pasado se enfrentan a mayores dificultades para obtener la green card, lo que incrementa los rechazos de solicitudes en familias con medios limitados.
El regreso de la política de “carga pública” ha sido recibido con críticas, tanto por activistas pro inmigrantes como por algunos sectores políticos. Consideran que penaliza a los inmigrantes por utilizar servicios esenciales para su supervivencia. Para muchos, esta medida refleja una postura excluyente y una barrera más en el acceso a la residencia permanente.
