La administración de Donald Trump derogó el 20 de julio la regulación de “carga pública” aprobada durante el gobierno de Joe Biden en 2022. El cambio, que entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, ampliará el margen de los funcionarios migratorios para decidir si un solicitante de residencia permanente podría depender de ayudas gubernamentales.
La norma final apareció en el Registro Federal y alcanzará las solicitudes de admisión presentadas desde esa fecha, además de los trámites de ajuste de estatus enviados electrónicamente o con matasellos del 18 de septiembre en adelante. Los expedientes anteriores seguirán bajo los criterios de 2022.
USCIS amplía la evaluación de carga pública
La Ley de Inmigración y Nacionalidad permite declarar inadmisible a un extranjero cuando las autoridades concluyen que probablemente se convertirá en una carga para el Estado. La regulación de Biden limitaba los beneficios y las circunstancias que el Departamento de Seguridad Nacional podía considerar.
Con la derogación, USCIS recuperará mayor discreción para estudiar cada expediente. Los oficiales deberán valorar la edad, la salud, la composición familiar, los activos, los ingresos, la educación y las capacidades laborales. También podrán revisar otros elementos pertinentes.
El uso de asistencia pública no provocará por sí solo el rechazo. Sin embargo, prestaciones sujetas a comprobación de recursos, como Medicaid, los cupones de alimentos o determinados subsidios de vivienda, podrán incorporarse al análisis cuando hayan sido recibidas desde la entrada en vigor.
“Durante la presidencia de Trump, USCIS está restableciendo el principio básico de que los inmigrantes deben ser capaces de mantenerse por sí mismos”, indicó la agencia. El portavoz Zach Kahler afirmó que la administración pretende aplicar la ley y evitar que los contribuyentes sostengan a extranjeros considerados propensos a depender de beneficios públicos.
Cambios en el Formulario I-485
La decisión obligará a USCIS a utilizar una versión revisada del Formulario I-485, empleado para solicitar la residencia permanente dentro del país. El documento recogerá información sobre ayudas sujetas a comprobación de recursos, junto con datos financieros, laborales y familiares.
La fecha de presentación será decisiva. Las solicitudes enviadas antes del 18 de septiembre y aceptadas por USCIS serán evaluadas conforme a la normativa de 2022. Desde ese día, la agencia rechazará ediciones anteriores del formulario remitidas electrónicamente o con matasellos de esa fecha en adelante.
Excepción relevante para cubanos
La regla no se aplica a todos los solicitantes por igual. El Registro Federal confirma que los extranjeros elegibles para ajustar estatus mediante la Ley de Ajuste Cubano están exentos del motivo de inadmisibilidad por carga pública. Esa protección está establecida por ley.
La excepción no cubre necesariamente a todos los ciudadanos cubanos. Quienes tramiten la residencia por otra categoría deberán comprobar si están sujetos a esta evaluación. Organizaciones defensoras de inmigrantes advierten que la ampliación puede generar temor en familias de bajos ingresos y provocar que personas elegibles abandonen ayudas médicas, alimentarias o habitacionales. El propio DHS reconoce posibles renuncias a beneficios en hogares de estatus migratorio mixto.
