El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) emitió este lunes una advertencia pública tras el arresto de un migrante salvadoreño en Charlotte, Carolina del Norte, quien acudió a una entrevista por petición familiar y terminó detenido por ICE.
Su encarcelamiento se debido a una orden de deportación dictada hace más de 25 años y que estaba pendiente de ejecutarse. La agencia aprovechó el caso para recordar que, bajo la Administración Trump, las órdenes de remoción pendientes serán ejecutadas sin importar su antigüedad.
En su mensaje institucional, USCIS lanzó un aviso directo a quienes tengan procesos similares sin resolver. La entidad afirmó que las órdenes de remoción pendientes no superarán los intensos procedimientos de verificación y escrutinio aplicados actualmente. También subrayó que, cuando un juez dicta la expulsión, la ley será aplicada.
El episodio ocurrido en Charlotte mostró que incluso un trámite migratorio rutinario puede convertirse en una detención inmediata. La antigüedad de la orden no evitó la acción de las autoridades.
El caso refuerza el temor de muchos migrantes que acuden a oficinas federales para entrevistas o gestiones vinculadas a beneficios migratorios.
Desde enero de 2025 con el inicio del segundo mandato de Trump se intensificó el trabajo de USCIS. Para septiembre de ese año USCIS recibió autorización para crear agentes especiales con facultades de arresto, porte de armas y ejecución de órdenes judiciales.
Con ello, se redujo la separación histórica entre el procesamiento de beneficios y las labores de control migratorio, una línea que antes parecía más definida.
El mensaje oficial deja claro que cualquier contacto con autoridades federales puede activar consecuencias inmediatas.
El caso de una doctora venezolana agrava la alarma
A ese escenario se suma la detención de la doctora venezolana Rubelis Bolívar Obibi, arrestada por ICE el 11 de abril en el aeropuerto internacional de McAllen, Texas. Ella tenía 10 años en EEUU.
La médica intentaba viajar con su hija de cinco años a California para asistir a una cita relacionada con su proceso de asilo pendiente. Pese a que, según su familia, presentó documentos para justificar el viaje, fue retenida por las autoridades.
Bolívar trabaja atendiendo pacientes en el sur de Texas, en una zona donde existe escasez de profesionales de la salud reconocida por el gobierno federal. Sus familiares relataron que explicó a los oficiales el motivo de su traslado, pero aun así fue arrestada.
Después de 16 horas, su hija Milena, ciudadana estadounidense, fue liberada y entregada a sus abuelos. La familia describió a la menor como confundida y asustada, mientras la advertencia oficial de las autoridades se mantiene sin matices: para quienes tienen asuntos migratorios pendientes, cualquier encuentro con una oficina federal puede terminar en detención.
