La administración de Donald Trump anunció un nuevo plan que podría imponer multas de hasta 998 dólares diarios a migrantes con órdenes de deportación que no abandonen Estados Unidos. Esta medida, que afectaría a aproximadamente 1.4 millones de migrantes, se aplicaría de forma retroactiva durante hasta cinco años, lo que podría generar sanciones superiores a un millón de dólares por persona.
Según la agencia Reuters, el gobierno también está considerando la confiscación de bienes de aquellos que no paguen las multas, lo que podría tener un impacto directo no solo en los migrantes indocumentados, sino también en ciudadanos y residentes permanentes que viven en hogares de estatus mixto.
Las organizaciones pro-migrantes han señalado que este tipo de medidas podría empujar a estos hogares a la pobreza, ya que tienen un 39% más de probabilidades de vivir por debajo del umbral de pobreza que los hogares de ciudadanos nativos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha solicitado que los migrantes utilicen la aplicación CBP Home para autodeportarse, una versión mejorada de la app CBP One. Esta aplicación permite a los migrantes entregar sus datos personales y salir voluntariamente de Estados Unidos, evitando así las sanciones.
El plan también incluye la presión a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para que gestione las multas y la confiscación de bienes. Sin embargo, CBP ha indicado que no tiene los recursos suficientes para ejecutar estas sanciones de manera eficiente. Por lo tanto, sugieren que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) asuma esta responsabilidad, lo que podría generar costos adicionales significativos. Para llevar a cabo esta tarea, CBP necesitaría contratar al menos 1.000 nuevos paralegales, triplicando su personal actual.
La base legal para estas sanciones proviene de una ley de 1996 que Trump ya utilizó en 2018 para imponer multas a migrantes que se refugiaron en iglesias para evitar su deportación. A pesar de que la administración Biden suspendió las multas al asumir el cargo en 2021, la propuesta actual de Trump busca retomarlas y aplicar sanciones retroactivas.
La fecha de inicio de las multas aún no está clara, pero los expertos advierten que el impacto económico para los migrantes que permanezcan más allá del plazo de su orden de deportación podría ser devastador. Este plan refleja una estrategia más agresiva del gobierno de Trump para disuadir a los migrantes de quedarse en el país de forma ilegal, lo que aumentaría la presión sobre las familias y podría poner en riesgo la estabilidad económica de miles de hogares.
Dos grupos de migrantes que entraron a EEUU recibieron órdenes de salida
La Administración Trump ha revocado el estatus de parole a cientos de miles de migrantes que ingresaron legalmente a Estados Unidos mediante la aplicación CBP One. Esta aplicación, implementada durante la administración Biden, permitió a los migrantes programar citas para solicitar asilo en la frontera sur. Desde su lanzamiento en enero de 2023, más de 900,000 personas utilizaron CBP One para ingresar al país con permisos temporales de residencia y trabajo por hasta dos años.
Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional ha notificado la revocación de estos permisos, instando a los beneficiarios a abandonar Estados Unidos de inmediato o enfrentar posibles deportaciones.
Además, el DHS ha anulado el parole humanitario otorgado a migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Este programa permitía a ciudadanos de estos países ingresar a Estados Unidos con permisos temporales de residencia y trabajo, siempre que tuvieran un patrocinador financiero en el país. La revocación de estos permisos afecta a aproximadamente 530,000 personas, quienes ahora deben regularizar su estatus migratorio o abandonar el país antes del 24 de abril de 2025.
