Después de sufrir varios reveses en tribunales federales, la administración de presidente Donald Trump solicitó este jueves a la Corte Suprema de Estados Unidos que autorice la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que protege de la deportación a cientos de miles de venezolanos en el país.
La petición, presentada por el procurador general del gobierno, busca revertir un fallo de un juez federal en San Francisco que había bloqueado la cancelación del TPS ordenada por la actual secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, apenas semanas después del inicio del segundo mandato de Trump.
La cancelación del TPS y el fallo judicial
El TPS había sido extendido por el presidente Joe Biden hasta octubre de 2026 para más de 350,000 venezolanos que huyeron del colapso económico y la represión en su país. Sin embargo, en febrero de este año, Noem revocó esa extensión argumentando que ya no era de interés nacional.
La decisión provocó una demanda por parte de un grupo de venezolanos y organizaciones de derechos migratorios. El caso fue presentado en la Corte Federal del Distrito Norte de California, donde el juez Edward M. Chen falló a favor de los demandantes el 31 de marzo, ordenando suspender la cancelación del TPS mientras se resolvía el fondo del caso.
Chen consideró que la medida de Noem había sido tomada con base en “generalizaciones negativas y estereotipos” sobre los venezolanos, calificándola de discriminatoria y políticamente motivada.
“Actuar con base en un estereotipo negativo de grupo y generalizarlo a todo el colectivo es el ejemplo clásico de racismo”, escribió el juez en su orden de 78 páginas.
También advirtió que permitir la revocación causaría un “daño irreparable” a los titulares del TPS y sus familias, quienes perderían el derecho a trabajar legalmente y quedarían expuestos a la detención y deportación.
La estrategia del gobierno ante la Corte Suprema
En su apelación ante el máximo tribunal, el gobierno de Trump sostiene que el Poder Judicial no tiene autoridad para intervenir en decisiones del Ejecutivo en materia de inmigración, y que el TPS debe ser una herramienta “rápida, flexible y discrecional”, tal como lo concibió el Congreso.
El procurador general John Sauer alegó que la suspensión dictada por Chen viola las prerrogativas del Poder Ejecutivo y retrasaría indefinidamente decisiones sensibles en materia migratoria.
En su escrito, el gobierno también argumentó —sin ofrecer pruebas— que la política del TPS de Biden protegía a presuntos miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, lo cual pondría en peligro la seguridad nacional.
Lo que está en juego
Si la Corte Suprema acepta la petición de Trump y revoca el fallo de Chen, más de 350,000 venezolanos perderían su protección migratoria de forma inmediata, especialmente aquellos que residen en estados como Florida, Texas y Nueva York.
Además, otros 250,000 venezolanos más quedarían expuestos en septiembre, cuando vence otra designación del TPS también anulada por Noem y no cubierta por esta demanda específica.
La comunidad venezolana en el exilio, una de las más numerosas y activas en el sur de Florida, se encuentra en alerta. Diversas organizaciones han instado al Congreso a actuar y proteger por ley a los beneficiarios de TPS frente a decisiones discrecionales del Ejecutivo.
El origen del caso
La demanda fue presentada el 19 de febrero por siete ciudadanos venezolanos, junto a organizaciones como el National TPS Alliance, la ACLU del Sur de California y la Red Nacional de Jornaleros, con el respaldo legal del Centro de Derecho y Política de Inmigración de UCLA.
Los demandantes aseguran que la revocación forma parte de un patrón sistemático de discriminación del gobierno de Trump contra inmigrantes no europeos y no blancos.
Por ahora, la orden del juez Chen sigue vigente y el TPS permanece activo para los beneficiarios actuales. Sin embargo, el futuro del programa dependerá de lo que decida la Corte Suprema en los próximos meses.
