El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que elimina el acceso de inmigrantes en situación irregular a programas financiados con fondos federales. La medida, que refuerza su política migratoria, prohíbe el uso de recursos públicos en ayudas como Medicaid, cupones de alimentos y subsidios de vivienda. También impide que estados y ciudades reciban financiamiento si protegen a inmigrantes sin documentos.
La orden ejecutiva busca cortar los recursos federales a las denominadas “ciudades santuario”, aquellas que limitan la cooperación con las autoridades migratorias. Los estados que no colaboren podrían perder fondos destinados a programas de seguridad y asistencia social. Esta medida busca presionar a las localidades para que apoyen la política de control migratorio del gobierno.
SCOOP: Per WH official on background, later tonight, President Trump will sign an executive order designed to terminate any & all federal taxpayer benefits going to illegal aliens. The order will direct every federal agency & department to identify all federally funded programs…
— Bill Melugin (@BillMelugin_) February 19, 2025
Trump ordenó la eliminación de beneficios como Medicaid y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para inmigrantes sin estatus legal. Además, quedarán fuera de los subsidios de vivienda pública y los vales de la Sección 8, lo que afectará a muchas familias de bajos ingresos. También se prevé una reducción en los fondos destinados a hospitales que atienden emergencias médicas sin importar el estatus migratorio del paciente.
La orden ejecutiva también impacta la asistencia legal para migrantes. Se eliminará el financiamiento a organizaciones que ofrecen asesoría gratuita en procesos de asilo o deportación. Además, programas educativos como Head Start y clases de inglés para adultos podrían ver recortes si incluyen a inmigrantes sin documentos.
El gobierno de Trump justificó estas acciones argumentando que la inmigración irregular genera una carga económica millonaria para los contribuyentes. Según el Center for Immigration Studies, el gasto anual para atender a un millón de inmigrantes sin estatus legal sería de 3.000 millones de dólares. Otros informes calculan que el costo total de la inmigración irregular en EEUU asciende a 182.000 millones de dólares por año.
La orden ejecutiva podría enfrentar impugnaciones legales, pero marca un endurecimiento significativo en las restricciones migratorias de EEUU. Su impacto se hará sentir en miles de inmigrantes, incluidas comunidades cubanas en el extranjero, que podrían enfrentar mayores obstáculos para acceder a servicios esenciales.
Además de los recortes, Trump anunció la reanudación de la construcción del muro fronterizo y declaró emergencia nacional en la frontera sur para movilizar fuerzas de seguridad. También catalogó a grupos criminales como MS-13 y Tren de Aragua como organizaciones terroristas.
Entre las medidas más polémicas, se analiza la posibilidad de trasladar a inmigrantes con antecedentes penales a la prisión de Guantánamo. Esta acción busca desalentar la migración irregular y reforzar la política de seguridad nacional.
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