La administración de Donald Trump ha ordenado la suspensión de las solicitudes de residencia permanente de inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos bajo el programa de parole humanitario impulsado por Joe Biden. La medida, basada en un memorando interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), busca frenar la adjudicación de tarjetas verdes mientras se investigan posibles fraudes en estos procesos.
La decisión afecta directamente a miles de inmigrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, así como a beneficiarios del programa Unidos por Ucrania y del sistema CBP One. Según fuentes oficiales, las solicitudes permanecerán en suspenso de manera indefinida mientras se implementan mecanismos para verificar la legitimidad de los casos.
Entre los principales programas perjudicados se encuentra el parole humanitario, que permitió la entrada de más de 500.000 personas de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, así como el programa Unidos por Ucrania. Además, quedan en pausa las solicitudes bajo la Ley de Ajuste Cubano y el Estatus de Protección Temporal (TPS), lo que complica el futuro migratorio de miles de solicitantes.
La administración Trump argumenta que la decisión responde a “preocupaciones de fraude y seguridad” detectadas en auditorías previas. Según el DHS, algunas solicitudes podrían haber sido aprobadas con documentación irregular o mediante patrocinadores fraudulentos, lo que ha motivado la revisión exhaustiva de los expedientes.
Los afectados por esta decisión podrían enfrentar retrasos prolongados en sus procesos migratorios, con la posibilidad de que algunas solicitudes sean denegadas tras la revisión. La incertidumbre es especialmente preocupante para los beneficiarios de la Ley de Ajuste Cubano, quienes confiaban en obtener la residencia permanente tras un año y un día en Estados Unidos.
Activistas y abogados de inmigración han criticado la medida, calificándola de “bloqueo arbitrario” que deja en limbo a miles de personas que llegaron al país legalmente. “No es solo una pausa administrativa, es una amenaza directa a quienes buscan estabilidad en EEUU”, señaló un especialista en derecho migratorio.
El uso del parole humanitario fue una de las estrategias clave del gobierno de Biden para controlar la migración en la frontera sur. Con esta nueva política, Trump busca desmontar esos programas y endurecer las restricciones para los inmigrantes que ingresaron durante su ausencia en la Casa Blanca.
El impacto de esta decisión no se limita a los inmigrantes individuales, sino que también afecta a sus familias, muchas de las cuales dependen de estos procesos para reunificarse en EEUU. Se espera que organizaciones de derechos civiles y grupos proinmigrantes presenten recursos legales para impugnar la medida.
Por el momento, las autoridades no han ofrecido un cronograma sobre cuándo podría levantarse la suspensión, dejando a miles de personas en la incertidumbre.
