La administración del presidente Donald Trump implementó una controvertida estrategia para presionar a miles de migrantes a abandonar voluntariamente Estados Unidos. Mediante el uso del archivo de defunciones de la Administración del Seguro Social (SSA), conocido como el “death master file”, el gobierno registró recientemente a más de 6.300 inmigrantes legales como fallecidos, bloqueando así su acceso a servicios financieros esenciales.
La medida, revelada por documentos analizados por The New York Times, tiene como objetivo impedir que estos migrantes utilicen tarjetas de crédito, cuentas bancarias y beneficios federales. Según funcionarios, la intención es crear condiciones tan adversas que los migrantes decidan “autodeportarse”.
Esta primera lista incluye principalmente personas cuya condición migratoria temporal fue revocada por la administración Trump, calificadas como presuntos terroristas o criminales convictos. No obstante, existe preocupación de que la medida se extienda a otros migrantes sin autorización legal, profundizando aún más la crisis migratoria.
La Seguridad Social enumera a miles de migrantes como muertos para incitarlos a «autodeportarse» https://t.co/8LSiG1xIBy
— Mario J. Pentón (@MarioJPenton) April 11, 2025
Leland Dudek, comisionado interino del SSA, afirmó que el propósito es terminar con la vida financiera de los afectados, forzándolos indirectamente a dejar EEUU. Esta estrategia es parte de un conjunto más amplio de medidas lideradas por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), bajo la influencia directa de Elon Musk, asesor clave del expresidente Trump.
Musk ha impulsado teorías no verificadas sobre fraude migratorio y pagos indebidos a personas fallecidas, usando estos argumentos para justificar la intervención en el Seguro Social. Además, DOGE ha promovido recortes significativos en la plantilla del SSA, afectando la calidad de sus servicios.
En paralelo, en febrero pasado, la SSA firmó un polémico acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), compartiendo las últimas direcciones conocidas de unos 98.000 migrantes. Este intercambio rompe con la reserva histórica sobre el uso de datos personales en el Seguro Social y preocupa a exfuncionarios por posibles abusos y vulneraciones de privacidad.
Históricamente, la SSA se ha dedicado exclusivamente a gestionar jubilaciones y discapacidades, por lo que expertos califican su nueva función como un abuso de poder. Jason Fichtner, exfuncionario del SSA durante el gobierno de George W. Bush, alertó sobre las graves consecuencias de posibles errores que podrían incluir erróneamente a ciudadanos o residentes legales.
De hecho, personas vivas añadidas erróneamente a esta lista podrían sufrir daños irreversibles, como cancelación de hipotecas y cierre de cuentas bancarias. Corregir estos errores implica un largo proceso burocrático conocido como “resurrección”, que podría demorar meses.
Uno de los aspectos más preocupantes revelados por fuentes internas es la inclusión de menores. La lista original enviada por DOGE al SSA, elaborada a petición del DHS, contiene el nombre de un niño de 13 años y otros siete menores. Cerca de mil migrantes afectados por esta medida habían recibido anteriormente beneficios federales como Medicaid, subsidios de desempleo y préstamos estudiantiles, totalizando alrededor de 600.000 dólares.
Desde la Casa Blanca, la portavoz Elizabeth Huston justificó la medida como un intento de eliminar los incentivos económicos que mantienen a los inmigrantes en EEUU de manera ilegal. “Al remover el incentivo monetario, alentamos la autodeportación”, señaló, destacando que Trump cumple así su promesa electoral de deportaciones masivas.
La iniciativa forma parte de un ataque más amplio contra políticas migratorias del expresidente Joe Biden. Durante su mandato, Biden implementó programas como CBP One y un sistema de parole humanitario, permitiendo la entrada legal de más de medio millón de migrantes provenientes de países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
El uso político del Seguro Social para estos fines podría enfrentar obstáculos legales significativos. Expertos en privacidad y exfuncionarios señalan que la agencia está obligada por ley a mantener la precisión y confidencialidad de sus datos, limitando estrictamente su uso a funciones relacionadas con sus programas. Martin O’Malley, excomisionado del SSA durante el gobierno de Biden, calificó esta estrategia como un “asesinato financiero”.
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