El gobierno de Estados Unidos prepara la reactivación del Título 42, medida instaurada en el primer mandato de Donald Trump, para expulsar migrantes en la frontera sur alegando emergencia sanitaria por contagios de coronavirus.
Documentos internos consultados por CBS News indican que la administración republicana prepara un esquema para indicar que los migrantes dentro del territorio estadounidense son un riesgo para el contagio de la tuberculosis.
Basada en el Public Health Service Act, la norma faculta a la CDC para emitir una orden que clasifique a los migrantes como riesgos de salud pública. Así, agentes de Aduanas y Protección Fronteriza podrán expulsar a quienes se encuentren en territorio estadounidense, desafiando garantías legales y evitando procedimientos asilares.
Inicialmente, el Título 42 se aplicó al comienzo de la pandemia de COVID-19 y se mantuvo durante la administración de Joe Biden ante niveles récord de cruces ilegales. La medida se utilizó para generar un escenario de emergencia sanitaria, permitiendo expulsiones sumarias sin el debido proceso de asilo.
La norma permitió la expulsión expedita de casi tres millones de migrantes, en su mayoría de origen mexicano. De ellos, 2.825.970 que fueron impedidos de ingresar, el 60% eran ciudadanos mexicanos. Los restantes 897.087 correspondieron a migrantes centroamericanos: 393.025 guatemaltecos, 358.001 hondureños, 135.683 salvadoreños y 10.378 nicaragüenses.
Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, ahora se busca reavivar el Título 42. Sin embargo, más que contener los cruces ilegales que ya han sufrido en febrero de 2025 una reducción del 90% con respecto al año pasado, la nueva estrategia busca enfocar los esfuerzos en deportar a migrantes que ya se encuentran en centros de detención ICE. Para ello se busca esgrimir que en los locales tan abarrotados hay riesgos de propagación de tuberculosis.
Expertos en salud pública critican el uso de argumentos sanitarios. Aunque se justifica con el riesgo de tuberculosis, estudios muestran tasas menores en comparación con otros países. Organizaciones civiles sostienen que la medida es un pretexto para intensificar políticas migratorias restrictivas, con similitudes al autoritarismo y métodos de control de regímenes opresivos.
Tribunales han cuestionado previamente la aplicación del Título 42 por vulnerar derechos fundamentales, especialmente el acceso al asilo. Organizaciones internacionales advierten sobre litigios y denuncian el uso autoritario de la salud para restringir libertades, evidenciando tensiones legales que podrían reactivar antiguos conflictos judiciales.
