Donald Trump asistió el miércoles 1 de abril de 2026 a una audiencia de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la ciudadanía por nacimiento, en un caso que examina si los hijos nacidos en el país de padres indocumentados o con visas temporales pueden seguir obteniendo automáticamente la nacionalidad estadounidense.
La presencia del mandatario en el máximo tribunal marcó un hecho sin precedentes para un presidente en ejercicio y coincidió con la defensa, por parte de su administración, de una interpretación más restrictiva de la Enmienda 14 de la Constitución.
Trump permaneció en la sala cerca de una hora. Durante ese tiempo escuchó la exposición del procurador general John Sauer, representante del gobierno federal.
Luego abandonó el recinto antes de la presentación de Cecillia Wang, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles, conocida por sus siglas en inglés ACLU. La audiencia no fue una sesión cualquiera: el caso aborda uno de los principios más sensibles del sistema constitucional estadounidense y podría alterar una práctica jurídica sostenida durante más de un siglo.
La controversia llegó al Supremo después de que Trump firmara, al asumir el cargo en enero del año pasado, una orden ejecutiva que plantea que no deben adquirir automáticamente la ciudadanía los niños nacidos en Estados Unidos de padres que estén ilegalmente en el país o que se encuentren bajo visas temporales.
A partir de ahí, la discusión pasó a centrarse en si esa posición puede sostenerse frente al texto de la Enmienda 14 y la jurisprudencia desarrollada por la propia Corte Suprema.
Durante la audiencia, Sauer argumentó que la ciudadanía por nacimiento sin restricciones contradice la práctica de la mayoría de las naciones modernas y funciona como un incentivo para la inmigración irregular.
Según esa línea, conceder ciudadanía automática reduce el valor de ese estatus y beneficia a quienes violan las leyes migratorias.
En ese marco también fue mencionado el llamado “turismo de nacimiento”, referido a extranjeros que viajan a Estados Unidos para dar a luz y luego regresan a sus países con hijos que ya poseen ciudadanía estadounidense.
La lectura constitucional que defiende Ángel Leal
Frente a esa postura, el abogado Ángel Leal sostuvo que el texto de la Enmienda 14 es claro y reconoce la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
Según explicó, la frase “sujetas a la jurisdicción” ha sido aplicada históricamente a excepciones muy específicas, como hijos de diplomáticos, de fuerzas invasoras o algunos supuestos vinculados en el pasado a nativos americanos.
Fuera de esas situaciones, defendió que la ciudadanía por nacimiento sigue siendo la regla.
Leal apoyó su criterio en antecedentes históricos y judiciales. Recordó que la Enmienda 14 fue aprobada en 1868 para corregir la exclusión derivada del caso Dred Scott de 1857. También mencionó precedentes como Slaughter-House Cases, Elk v. Wilkins y, sobre todo, United States v. Wong Kim Ark, decidido en 1898.
Este último, indicó, consolidó la idea de que quien nace en Estados Unidos es ciudadano, salvo excepciones limitadas. Además, recordó que el Congreso ratificó posteriormente ese criterio en la legislación federal.
Uno de los puntos más discutidos fue el alcance exacto de la expresión “sujetas a su jurisdicción”.
El sector que promueve límites a la ciudadanía por nacimiento interpreta esa fórmula de manera más estrecha, con el argumento de que no incluiría de forma automática a hijos de inmigrantes indocumentados o de personas con estatus temporal. Leal rechazó ese enfoque.
Afirmó que el texto constitucional debe ser leído de manera literal y que los abusos migratorios o el turismo de nacimiento no cambian el sentido de la enmienda. Desde su perspectiva, si existen fraudes, la respuesta debe estar en el control migratorio y no en una redefinición constitucional por decreto.
El abogado alertó además sobre las implicaciones que tendría una reinterpretación de la Corte Suprema. Explicó que, aunque la orden ejecutiva fue planteada hacia el futuro, un cambio de criterio podría proyectar dudas sobre la ciudadanía de millones de personas nacidas de padres indocumentados.
También señaló el riesgo de que muchos menores queden apátridas si no reciben automáticamente la nacionalidad estadounidense y tampoco acceden a la ciudadanía del país de origen de sus progenitores.
A eso se sumaría una carga administrativa considerable, ya que habría que investigar en cada caso el estatus, la permanencia y la situación legal de los padres.
En su valoración final, Leal sostuvo que el conflicto no trata de una nueva ley ni de una nueva enmienda constitucional, sino de la interpretación de una norma ya existente.
Por eso, remarcó que si Estados Unidos desea modificar o aclarar el alcance de la ciudadanía por nacimiento, el camino correcto sería reformar la Constitución y no forzar una nueva lectura desde el poder ejecutivo.
