El Tribunal de Apelaciones del Onceavo Circuito de Estados Unidos resolvió mantener en funcionamiento el centro de detención migratoria conocido como Alligator Alcatraz, ubicado en los Everglades de Florida, tras ratificar el bloqueo a una orden judicial que exigía su cierre por motivos ambientales.
La mayoría del panel concluyó que la instalación fue financiada y administrada por el estado de Florida, no por el gobierno federal, por lo que no estaría sujeta a la Ley Nacional de Política Ambiental.
La decisión deja sin efecto, por ahora, la orden de la jueza federal Kathleen Williams, quien en agosto había dispuesto el cierre escalonado del complejo en un plazo de 60 días. El fallo representa un respaldo judicial a la continuidad de una instalación cuestionada por organizaciones ambientales, grupos de derechos civiles y representantes de comunidades indígenas.
La mayoría de los tres jueces sostuvo que el centro no se encuentra bajo control federal. Según el criterio del tribunal, fueron funcionarios de Florida quienes construyeron la instalación, controlan el terreno y utilizaron fondos estatales para levantar el complejo en una zona ambientalmente sensible.
Los magistrados también señalaron que, al momento de la orden cautelar, Florida no había recibido reembolsos federales. Ese punto fue clave para descartar la aplicación de la Ley Nacional de Política Ambiental, conocida como NEPA, que exige evaluaciones de impacto antes de determinados proyectos federales.
Con ese argumento, el tribunal consideró que Williams se excedió al ordenar el cierre progresivo del centro. La decisión no elimina el litigio, pero permite que la instalación continúe operando mientras el caso regresa al tribunal de distrito.
La jueza Nancy Abudu emitió un voto disidente y calificó la decisión como errónea. A su juicio, la inmigración es una competencia exclusivamente federal, por lo que la construcción estatal de un centro de detención migratoria no debería liberar al gobierno federal de responsabilidades legales.
Abudu sostuvo que la instalación no habría podido construirse ni utilizarse como centro migratorio sin la solicitud de los demandados federales. También subrayó que la inmigración continúa siendo un ámbito bajo dominio del gobierno federal, aunque Florida haya asumido la ejecución material del proyecto.
La demanda fue presentada en junio de 2025 por Friends of the Everglades, el Center for Biological Diversity y la tribu Miccosukee de Florida. Las organizaciones alegan que el centro se levantó sin la revisión ambiental básica exigida por la ley, en una zona rodeada por el Parque Nacional Everglades, la Reserva Nacional Big Cypress y tierras de la tribu Miccosukee.
Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades, afirmó que la batalla legal continuará. Señaló que Alligator Alcatraz fue construido de manera apresurada en uno de los ecosistemas más frágiles del país y advirtió sobre un costo humano y ecológico elevado.
El centro fue inaugurado en julio de 2025 como apoyo a la política migratoria del presidente Donald Trump.
Según la División de Gestión de Emergencias de Florida, la instalación tiene capacidad para 2.000 personas, con planes de ampliación a 4.000. De forma paralela, la ACLU impulsa otro proceso por presuntas violaciones a los derechos humanos de los detenidos, incluidas denuncias de golpizas y uso de gas pimienta.
En diciembre, Amnistía Internacional documentó condiciones calificadas como tortura y desapariciones forzadas en Alligator Alcatraz y Krome. Mientras los demandantes prometen nuevos recursos para forzar la revisión ambiental y el eventual cierre, el gobernador Ron DeSantis celebró el fallo y defendió la continuidad del centro como parte de la aplicación estatal de la ley migratoria.
