En febrero de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) presentó ante la Corte de Inmigración 741 casos de deportación sustentados en presunta actividad criminal.
La cifra representó apenas el 2% de todas las notificaciones de comparecencia emitidas ese mes, según los datos más recientes citados por proyecto TRAC de la Universidad de Syracuse. El resto de los expedientes se apoyó en supuestas violaciones a las normas migratorias, como entrar sin inspección o exceder el tiempo de una visa.
El dato refleja que la gran mayoría de las personas llevadas ese mes ante un juez migratorio no enfrentó acusaciones por delitos como base principal de su proceso de expulsión. De acuerdo con el reporte, el 98% de las notificaciones presentadas por DHS se concentró en infracciones administrativas del sistema migratorio y no en antecedentes criminales.
La cifra también fue menor a la registrada un año antes. En febrero de 2025, ya con Donald Trump de regreso en la Casa Blanca, DHS había presentado 821 notificaciones de comparecencia basadas en presunta actividad criminal. Entonces, esos casos representaban el 4% del total, el doble del peso porcentual reportado ahora.
La comparación con años recientes también apunta a un descenso. Durante el pico de la administración Biden, en febrero de 2023, se registraron 883 expedientes con alegaciones criminales como fundamento de deportación. En febrero de 2024, la cifra fue de 794. Ambos registros quedaron por encima del nivel observado en febrero de 2026.
La tendencia histórica en la Corte de Inmigración
El análisis de TRAC, que sigue estas presentaciones desde hace un cuarto de siglo, muestra que el retroceso no es nuevo. Hace 25 años, los casos iniciados cada mes con base en supuesta actividad criminal llegaron a alcanzar los 3.000 y representaron hasta el 20% del total de notificaciones presentadas en ese período.
Ese ciclo abarcó el último año de la administración de Bill Clinton y los primeros meses del gobierno de George W. Bush. Más adelante, con variaciones mensuales, la cantidad de casos de este tipo siguió creciendo hasta superar los 4.000 en marzo de 2010, durante la presidencia de Barack Obama.
Después de ese punto máximo, tanto el número absoluto como la proporción de expedientes que señalaban conducta criminal como argumento para solicitar la expulsión comenzaron a caer.
Según el recuento de TRAC, ese descenso continuó incluso durante los años de la primera administración Trump.
Los datos de febrero de 2026 se suman a la evidencia acumulada de que, pese al discurso actual de la administración Trump sobre expulsar a “los peores de los peores”, la maquinaria de deportación se enfoca cada vez más en personas sin antecedentes criminales.
