La nueva administración de Donald Trump ha incrementado drásticamente el uso de “detainers”, una figura que implica órdenes para retener a inmigrantes en custodia, pero solo una ínfima parte de ellos termina en deportaciones efectivas.
Según un informe de la Universidad de Syracuse que recopila, analiza y distribuye datos sobre la actividad del gobierno federal, entre el 20 de enero y el 17 de febrero de 2025, ICE emitió 17.972 detainers, pero apenas el 1.6 % de los casos resultaron en expulsión del país.
El promedio diario de detainers subió un 72 % en comparación con el mismo periodo en 2024, pasando de 380 a 654. Sin embargo, apenas el 14 % de las personas señaladas fueron finalmente puestas bajo custodia de ICE. Esta cifra contrasta con el 62 % registrado durante el primer mandato de Trump y el 65 % durante la administración de Biden.
El incremento acelerado en la emisión de detainers no se ha traducido en operativos efectivos. La falta de coordinación logística entre las oficinas de ICE y las agencias locales de seguridad ha sido señalada como un factor clave en la baja tasa de detención y traslado. En muchos casos, ICE simplemente no llega a tiempo para recoger a los individuos requeridos por otras autoridades.
Por ejemplo, en Florida, los oficiales de Patrulla Carretera tienen la orden del gobernador Ron DeSantis de colaborar con ICE. Sin embargo, solo pueden mantener detenido al migrante por una hora en lo que llega un oficial de ICE. Si se sobrepasa el tiempo de espera, deben dejar que el ciudadano extranjero siga su camino.
De acuerdo con el informe, los datos revelan que el perfil criminal de los detenidos no corresponde con los discursos oficiales. Solo el 28 % tenía antecedentes penales, y entre ellos, la mayoría eran por delitos menores como conducir en estado de ebriedad o faltas de tránsito. Casos graves como asesinatos o violaciones fueron mínimos, con solo 65 y 30 registros respectivamente.
La mitad de los detainers se concentraron en Texas, California, Florida y Georgia. Sin embargo, la efectividad fue dispar: mientras Florida alcanzó un 32 % de detenciones, California apenas llegó al 2 %, y Nueva York solo al 1 %. Algunos estados como Maine, Connecticut y Alaska no reportaron ninguna detención tras los requerimientos de ICE.
Casi la mitad de los detainers (44 %) fueron dirigidos a ciudadanos mexicanos, seguidos por guatemaltecos (11 %) y hondureños (10 %). Los cubanos representaron el 2 % del total, con 456 órdenes emitidas. A pesar del volumen, no se identificó una política de persecución por nacionalidades, sino un reflejo proporcional de la población indocumentada en EEUU.
Houston lideró la lista con 557 detainers, pero ICE no detuvo a nadie allí. Miami, con 467 casos, tuvo mejores resultados, logrando la custodia en el 33 %. Otras ciudades como Phoenix y Dallas también mostraron cifras altas, aunque muchas urbes importantes como Los Ángeles, Chicago y Queens tuvieron resultados mínimos o nulos.
La falta de resultados pone en entredicho la estrategia del gobierno, que insiste en endurecer las políticas migratorias. A pesar del aumento mediático en la presión sobre las llamadas “ciudades santuario”, ICE no ha ofrecido datos sobre cuántos detainers fueron ignorados por agencias locales.
