La Fiscalía General de la República solicitó condenas de hasta 30 años de prisión contra 30 cubanos señalados por presuntamente organizar y financiar un levantamiento armado dentro de la Isla.
Según la acusación, el grupo pretendía ejecutar ataques y sabotajes en varias provincias para alterar el orden político del país. Los hechos investigados se remontan a octubre de 2023, cuando el principal acusado, Ardenys García Álvarez, ingresó a Cuba a bordo de una moto acuática.
García Álvarez enfrenta la petición fiscal más severa del proceso. El Ministerio Público lo responsabiliza de trasladar hacia territorio cubano armas de fuego, municiones, armas blancas y equipos de radiocomunicación que serían utilizados para formar células clandestinas.
El expediente sostiene que el acusado llegó por vía marítima con la misión de contactar a otros implicados. La supuesta estructura debía extenderse a diferentes puntos del país y prepararse para ejecutar acciones violentas contra instituciones y funcionarios.
Acusados de terrorismo, espionaje y otros delitos
Las autoridades cubanas atribuyen al grupo planes para atacar instalaciones estatales, provocar daños materiales y cometer atentados contra representantes del régimen. La acusación también menciona labores de inteligencia, captación de participantes y coordinación con personas radicadas fuera de Cuba.
Los 30 procesados enfrentan imputaciones por terrorismo, espionaje y otros delitos contemplados en la legislación penal de la Isla. Sin embargo, la información divulgada no precisa qué pruebas sustentan cada cargo ni detalla el nivel de participación atribuido individualmente a todos los encausados.
Tampoco queda claro si alguna de las acciones descritas llegó a ejecutarse. El documento se concentra en los presuntos preparativos, la introducción de medios logísticos y las comunicaciones entre los acusados.
La falta de información independiente sobre el proceso impide contrastar la versión de la Fiscalía. En Cuba, los casos relacionados con delitos contra la seguridad del Estado suelen celebrarse bajo un fuerte control institucional y con acceso limitado para periodistas, observadores y organizaciones de derechos humanos.
Fiscalía solicita penas de entre 10 y 30 años
Además de los 30 años reclamados para García Álvarez, la Fiscalía pidió sanciones de entre 10 y 25 años de privación de libertad para quienes identifica como sus principales colaboradores.
El órgano acusador también solicitó el decomiso de armas, equipos, dispositivos de comunicación y otros bienes ocupados durante el operativo. Esos objetos quedarían en poder del Estado en caso de que el tribunal acepte la petición fiscal.
Las penas solicitadas aún no constituyen una sentencia definitiva. Corresponderá al tribunal evaluar la acusación, escuchar a las defensas y determinar la responsabilidad de cada procesado.
