La administración de Donald Trump ha implementado una nueva política que niega a los inmigrantes que llegaron ilegalmente a los Estados Unidos el derecho a una audiencia de fianza mientras luchan contra los procedimientos de deportación, según un memorando fechado el 8 de julio.
Este cambio, orientado por Todd M. Lyons, director interino de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), establece que los inmigrantes deben ser detenidos “durante todo el proceso de remoción”, lo que puede extenderse por meses o incluso años.
El diario The Washington Post expuso el memorando, dirigido a los oficiales de ICE, y que establece que la medida se aplica a millones de inmigrantes que cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México en las últimas décadas, incluidos aquellos que llegaron durante la administración de Joe Biden.
En el pasado, los inmigrantes que residían en el país podían solicitar una audiencia de fianza ante un juez de inmigración. Sin embargo, bajo la nueva política, ICE tendrá la autoridad exclusiva para decidir si un inmigrante puede ser liberado bajo fianza, con excepciones limitadas que dependen de un oficial de inmigración, no de un juez.
La política se basa en una sección de la ley de inmigración que establece que los inmigrantes no autorizados deben ser detenidos después de su arresto. Sin embargo, históricamente esta ley solo se aplicaba a los recién llegados, no a los residentes a largo plazo.
Ahora, bajo esta interpretación más amplia, inmigrantes que han vivido en los EEUU durante décadas también se verán afectados, incluyendo a aquellos con hijos ciudadanos estadounidenses y quienes tienen razones legales para impugnar su deportación.
Preocupación entre los abogados de inmigración
El cambio ha generado una gran preocupación entre los abogados de inmigración. Greg Chen, director de relaciones gubernamentales de la Asociación de Abogados de Inmigración de EEUU, expresó que esta medida podría llevar a la detención de miles de personas sin una revisión adecuada de sus circunstancias individuales.
Según Chen, esta es una forma de “implementar a nivel nacional un método de detención masiva”, y advirtió que la medida pondrá en peligro los derechos de los inmigrantes a un debido proceso.
La medida se produce justo después de que el Congreso aprobara un paquete de gasto que destinará 45 mil millones de dólares durante los próximos cuatro años para aumentar la capacidad de detención de inmigrantes en los EEUU.
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