Varias organizaciones y ciudadanos en Estados Unidos presentaron una demanda ante un tribunal federal para revertir la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos de Nicaragua, Honduras y Nepal.
Esta acción legal, radicada en el Tribunal Federal del Distrito Norte de California, surge luego de que el gobierno del presidente Donald Trump anunciara la eliminación del TPS para más de 60.000 beneficiarios de estos países.
El TPS, implementado en 1999 para los nicaragüenses y hondureños debido a desastres naturales, ha permitido que miles de migrantes vivan y trabajen legalmente en EEUU por más de dos décadas. Sin embargo, el gobierno de Trump justifica la decisión alegando que ambos países ya no cumplen con los criterios necesarios para continuar con el programa.
Según la Casa Blanca, el TPS no es un camino permanente hacia la residencia o ciudadanía en EEUU. Por el contrario es un beneficio temporal y se ha decidido no renovarlo.
La demanda, impulsada por organizaciones como la National TPS Alliance y la ACLU, argumenta que la cancelación del programa no cumplió con los procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo de los Estados Unidos y que viola las protecciones constitucionales.
Además, los demandantes sostienen que la medida no considera adecuadamente las condiciones actuales en Nicaragua y Honduras, países que enfrentan serias crisis de violencia, inestabilidad política y falta de oportunidades económicas.
La decisión de cancelar el TPS ha dejado a miles de migrantes en un limbo legal, ya que deben buscar alternativas en un plazo de 60 días para evitar la deportación.
El abogado Harold Rocha, presidente de la organización Nicaraguan American Legal Defense and Education Fund (NALDEF), explicó a la agencia EFE que la demanda busca “poner en pausa administrativa” la cancelación del TPS, permitiendo que los beneficiarios puedan explorar opciones legales, como obtener una petición de parte de un familiar ciudadano o una visa de trabajo.
El anuncio de la cancelación fue recibido con consternación por parte de la comunidad migrante, especialmente en ciudades como Nueva York, donde residen miles de nicaragüenses y hondureños. La decisión también afectó a la comunidad nepalí, que ahora se enfrenta a la misma incertidumbre legal.
La Asociación de Migrantes Alianza Americas condenó la cancelación del TPS, calificándola de “falsa y malintencionada”. Según sus representantes, el gobierno de Trump está ignorando la ley que establece el TPS como una protección para los migrantes que no pueden regresar a sus países de origen de manera segura.
Para estas organizaciones, la decisión no solo pone en riesgo la seguridad de los migrantes, sino que también separa a familias y desestabiliza comunidades que han vivido en Estados Unidos durante años.
La Fundación 15 de Septiembre, una organización migrante hondureña, también expresó su frustración, señalando que Honduras sigue siendo un país inseguro debido a la violencia, la corrupción y la falta de empleo.
A pesar de los intentos del gobierno hondureño de enviar señales de estabilidad, las condiciones en el país siguen siendo precarias, lo que convierte a muchos de sus ciudadanos en candidatos para seguir siendo beneficiarios del TPS.
El abogado Rocha destacó que la corte no brindará una solución definitiva en el corto plazo, pero la demanda podría otorgar el tiempo necesario para que los migrantes busquen una alternativa permanente a través del Congreso.
Las decisiones del Tribunal Federal y la respuesta del gobierno estadounidense serán claves en los próximos meses para determinar el futuro de miles de familias que han hecho de EEUU su hogar durante más de 20 años.
