La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica (ARVH) abrió una ofensiva administrativa contra la aplicación de la llamada Ley de Nietos y contra un contrato utilizado para reforzar con personal externo el Consulado General de España en La Habana.
Las reclamaciones podrían generar nuevas demoras para miles de cubanos, aunque hasta ahora ninguna autoridad española ha suspendido los expedientes ni invalidado nacionalidades ya concedidas.
De acuerdo con información difundida por el periodista Marcos Ondarra en The Objective, la organización cuestiona la interpretación que el Gobierno español ha realizado de la normativa, la participación de empresas ajenas a la administración consular y las posibles consecuencias electorales derivadas del aumento de nuevos ciudadanos españoles.
ARVH reclama revisar la aplicación de la Ley de Nietos
La asociación solicitó una revisión de oficio de las instrucciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Su argumento sostiene que la norma aprobada por el Parlamento pretendía beneficiar principalmente a descendientes de españoles exiliados por motivos políticos, ideológicos o religiosos, pero su aplicación terminó alcanzando también a familiares de emigrantes económicos.
La instrucción del 25 de octubre de 2022 estableció, sin embargo, una interpretación que permitió acogerse tanto a descendientes de exiliados como a hijos y nietos de personas que habían sido originariamente españolas. Posteriormente, el cambio introducido en noviembre de 2024 se centró en garantizar que quienes solicitaran una cita telemática dentro del plazo pudieran entregar sus documentos después.
La reclamación administrativa no supone la derogación de la normativa ni detiene automáticamente los trámites pendientes. Para que exista una suspensión durante una revisión de oficio, el organismo español competente tendría que adoptar expresamente esa medida.
Contrato de 1,13 millones de euros con Grupo Palco también es cuestionado
El frente con mayor repercusión directa para Cuba afecta al contrato adjudicado por 1,13 millones de euros al estatal Grupo Palco para proporcionar trabajadores al Consulado de España en La Habana. La ARVH presentó el 28 de julio una solicitud ante el Ministerio de Asuntos Exteriores y otras instituciones para revisar el acuerdo y declarar su nulidad.
La entidad sostiene que las decisiones relacionadas con el reconocimiento de la nacionalidad constituyen una función soberana reservada al Registro Civil y a funcionarios españoles. También exige conocer las funciones concretas de los empleados de Palco, su número, los costos asociados y si pueden consultar expedientes, información personal o plataformas informáticas consulares.
Su presidente, Antonio Javier Campal Crespo, reclamó una revisión “completa y transparente”. La asociación pidió además suspender cautelarmente trabajos encargados a la empresa pública española Ineco y las colaboraciones con Palco mientras las autoridades analizan sus reclamaciones.
Qué puede ocurrir con los expedientes de cubanos
La Habana concentra alrededor de 350.000 trámites relacionados con la Ley de Nietos, según las cifras citadas en la información disponible, y constituye la segunda oficina consular con mayor demanda después de Buenos Aires. Una reducción del personal utilizado para atender esos expedientes podría aumentar los retrasos acumulados.
El plazo para pedir cita concluyó el 22 de octubre de 2025. No obstante, quienes gestionaron correctamente sus credenciales o solicitaron turno antes de esa fecha conservan el derecho a continuar el procedimiento aunque su comparecencia presencial sea posterior.
Por ahora, no existe una resolución que permita afirmar que los expedientes de cubanos serán cancelados o que las nacionalidades inscritas corran un riesgo inmediato. Los solicitantes deben conservar sus comprobantes, vigilar las comunicaciones del Consulado y responder a cualquier requerimiento documental mientras se resuelven las reclamaciones presentadas.
