Una mujer hondureña que ha vivido ilegalmente en Estados Unidos por más de 30 años y es madre de tres hijos estadounidenses recibió una multa civil de 1.821.350 dólares por no cumplir una orden de deportación emitida hace 20 años, informó el canal CBS. La sanción es una de las primeras aplicadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el marco de la política migratoria del gobierno de Donald Trump, que busca presionar a los indocumentados a autodeportarse.
La mujer, residente en Florida y de 41 años, recibió el cobro el pasado 9 de mayo por parte del departamento de multas civiles de ICE. Según las autoridades, la multa se fundamenta en la negativa a acatar una orden de deportación en ausencia dictada en abril de 2005.
El caso volvió a llamar la atención tras la presentación el año pasado de una moción de reapertura, en la que la inmigrante se acoge a la Ley de los 10 Años, también conocida como Cancelación de Deportación. Esta ley permite evitar la deportación si se cumplen ciertos requisitos.
Michelle Sánchez, abogada que representa a la sancionada, aseguró a CBS que su cliente cumple con las condiciones de la ley, pues ha vivido más de una década en EE.UU., mantiene buen carácter moral y su deportación provocaría dificultades excepcionales a un familiar ciudadano estadounidense.
Esta multa no es la primera que ICE impone bajo esta ley. Durante el primer mandato de Trump (2017-2021), las autoridades aplicaron sanciones millonarias a inmigrantes que buscaron refugio en ciudades santuario para evitar ser deportados. En aquel período, las multas alcanzaron hasta cerca de medio millón de dólares, como en el caso de Edith Espinal, ciudadana mexicana sancionada en 2019 con 497,777 dólares por ignorar una orden de deportación de 2017. Después de un proceso legal, ICE canceló ese cobro.
En otro ámbito, la Oficina de Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO) de ICE arrestó recientemente en Miami a Omar González, un hondureño de 39 años con antecedentes penales y vinculado a la pandilla MS-13. González acumula cinco condenas por reingresos ilegales y enfrenta cargos por asalto agravado, posesión de drogas y robo. ICE lo definió como un “criminal extranjero peligroso” y reafirmó su compromiso con la deportación de personas que representen amenazas.
Paralelamente, una jueza federal aprobó un acuerdo que permite al Servicio de Impuestos Internos (IRS) compartir información fiscal con ICE para identificar inmigrantes indocumentados. La medida, impulsada por la administración Trump, fue avalada por la jueza Dabney Friedrich a pesar de objeciones de grupos defensores de derechos que denunciaron violaciones a la privacidad fiscal. Esta decisión genera temor en la comunidad migrante, que podría retraerse en el cumplimiento tributario por miedo a la deportación.
Otras medidas y decisiones judiciales bajo Trump incluyeron intentos de suspender el habeas corpus para migrantes, generando críticas por atentados a derechos constitucionales. Asimismo, se intentó usar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a migrantes venezolanos ligados a la banda Tren de Aragua, aunque tribunales federales frenaron estas acciones, exigiendo respeto a garantías legales.
Trump también buscó eliminar programas de parole que ofrecían estancias legales temporales a migrantes cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses, pero la justicia frenó esta iniciativa.
Respecto a infraestructura, ICE aumentó en un 30% su capacidad de detención, con 144 centros que albergan a más de 49.000 migrantes, casi la mitad sin antecedentes penales o con delitos menores. Además, se supervisa con dispositivos electrónicos a más de 184,000 personas, utilizando programas alternativos a la detención para aliviar la presión en las instalaciones físicas.
Estos datos revelan un sistema migratorio cada vez más amplio y complejo, con una creciente presencia de ICE y una cooperación estrecha con agencias locales, lo que genera incertidumbre y riesgo constante para los inmigrantes en Estados Unidos.
