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México se niega a recibir migrantes deportados de Texas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), advirtió al gobernador del estado norteamericano de Texas, Greg Abbott, que su país no aceptará a los migrantes que deporte las autoridades estatales bajo la Ley SB4, pues “no les compete hacerlo”.

“Nosotros no aceptaríamos deportaciones —de una vez lo adelanto— del gobierno de Texas y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados”, declaró este miércoles el mandatario populista en su habitual conferencia de prensa matutina.

López Obrador no se ha contenido en sus críticas hacia la ley SB4, calificándola de “draconiana” y contraria a los derechos humanos y a la Biblia. Esta legislación, según el mandatario mexicano, no solo es inhumana sino también violatoria de normas internacionales, dado que asigna al estado de Texas responsabilidades que tradicionalmente competen al gobierno federal estadounidense.

En un contexto donde la colaboración binacional es crucial para la gestión de flujos migratorios, la negativa de México a aceptar deportaciones desde Texas plantea interrogantes sobre el futuro de las relaciones entre ambos estados y sobre el destino de miles de migrantes atrapados en el limbo político y legal.

“Estamos en contra de ley draconiana, completamente opuesta, contraria a los derechos humanos, una ley deshumanizada por completo, anti-cristiana, injusta, violatoria de preceptos, de normas”, apuntó AMLO.

Texas comparte aproximadamente 1,254 millas (2,018 kilómetros) de frontera con México, la cual es la más larga de cualquier estado en los Estados Unidos. Esta extensa frontera abarca varios ríos, incluyendo el Río Bravo (conocido como Río Grande en Estados Unidos), y atraviesa diversos tipos de terrenos, desde áreas urbanas hasta desiertos y zonas fluviales. Texas colinda con cuatro estados mexicanos: Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua.

¿Qué es la Ley SB4 y cuándo entra en vigor?

La Ley SB4, referida en el contexto de Texas, es una legislación estatal que fue diseñada para reforzar la aplicación de la ley de inmigración en ese estado. Otorga a las autoridades locales y estatales mayores facultades para cuestionar el estatus migratorio de las personas, permitiendo su deportación exprés.

La ley enfrentó desafíos legales, incluida una demanda del gobierno de Joe Biden y un bloqueo por parte de un tribunal federal de apelaciones. Aunque estaba previsto que entrara en vigor el 5 de marzo, estos desafíos legales retrasan su aplicación.

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