La administración de Donald J. Trump incluyó para julio de 2026 una propuesta que modificaría el programa de Certificación Laboral Permanente, conocido como PERM, utilizado por empresas de Estados Unidos para patrocinar la residencia de trabajadores extranjeros.
El Departamento de Trabajo revisaría las reglas de reclutamiento, contratación y archivo de documentos con el argumento de proteger a los empleados estadounidenses.
La iniciativa figura en la agenda regulatoria federal como una modernización de la prueba del mercado laboral y de las protecciones para trabajadores de EEUU. La agencia aún no ha divulgado el contenido completo, por lo que se desconocen las obligaciones exactas que impondría a compañías y solicitantes.
Qué función cumple el programa PERM
PERM permite al Departamento de Trabajo comprobar si existen candidatos estadounidenses disponibles, capacitados y dispuestos a ocupar una plaza antes de autorizar el patrocinio de un extranjero. También busca impedir que esa contratación perjudique los salarios o las condiciones laborales de personas empleadas en puestos similares.
La certificación no concede por sí sola una tarjeta de residencia. Tras recibirla, la empresa debe presentar ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos una petición de trabajador extranjero, generalmente mediante el formulario I-140. El trámite corresponde al empleador, aunque su resultado determina el avance migratorio del beneficiario.
Las normas centrales no han recibido una revisión integral desde 2004. Desde entonces cambiaron las plataformas de empleo, los métodos de selección y las prácticas para anunciar vacantes. El gobierno sostiene que esas transformaciones justifican actualizar la evaluación del mercado laboral.
Empresas enfrentarían controles más estrictos
La agenda oficial anticipa estándares mínimos más exigentes para buscar trabajadores estadounidenses cualificados. También plantea reforzar las garantías para empleados afectados por despidos y aumentar el cumplimiento de las reglas contra la discriminación durante el reclutamiento.
Otro apartado se refiere a la conservación de expedientes. Esto podría obligar a las compañías a guardar pruebas más detalladas sobre anuncios, candidatos, entrevistas, descartes y decisiones de contratación. Una revisión más minuciosa daría mayor peso a cualquier deficiencia documental.
Para profesionales cubanos y otros inmigrantes que dependen del patrocinio empresarial, los cambios podrían generar trámites más lentos y costosos. Las compañías tendrían que revisar sus procedimientos antes de iniciar una certificación y documentar cada fase de la búsqueda de personal.
La reforma todavía no es definitiva
El calendario regulatorio señaló julio de 2026 como fecha prevista para publicar el aviso de propuesta. No obstante, esos plazos pueden cambiar y los detalles permanecen reservados hasta la divulgación oficial. Luego deberá abrirse un periodo de comentarios públicos antes de aprobar una regla definitiva.
Por ahora, no existe una modificación final vigente. Trabajadores y patrocinadores deberán esperar el texto oficial para conocer si los controles afectarían expedientes pendientes, solicitudes futuras o ambos.
