Con el fin del cierre del gobierno, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha publicado nuevos datos que muestran los resultados de la masiva redistribución de personal militar y civil para la aplicación de la ley migratoria durante la administración de Donald Trump. Los resultados, sin embargo, han sorprendido por la escasa efectividad alcanzada, a pesar del enorme gasto de recursos destinados a este esfuerzo.
Un análisis de TRAC (∗) indica que las detenciones han aumentado significativamente desde finales de septiembre, alcanzando un total de 65.135 personas detenidas a mediados de noviembre de 2025. Sin embargo, la mayor parte de esta cifra corresponde a individuos sin antecedentes penales. De las personas actualmente detenidas, 47.964 (el 73.6%) no tienen ningún historial criminal, lo que refleja un cambio notable en la estrategia de ICE, que ahora se enfoca principalmente en individuos sin condenas.
La cifra de detenidos ha aumentado en 5.373 personas desde el cierre del gobierno, con un incremento de 5.209 personas sin antecedentes penales. Esto representa el 97% del aumento neto total. Solo el 3% de las detenciones corresponden a individuos con alguna condena, incluyendo delitos menores de tráfico.
A pesar de los recursos significativos que se han destinado a la detención de inmigrantes, el impacto de estas políticas ha sido menor al esperado. La administración de Trump ha intensificado su despliegue de personal y recursos para la aplicación de la ley migratoria, pero los números no muestran un cambio radical.
Con 290.603 migrantes deportados de EEUU durante el mandato republicano, este número solo representa un incremento del 7% en comparación con el año fiscal 2024, cuando la administración de Joe Biden lideraba la política migratoria.
De acuerdo con los datos de ICE, en el año fiscal 2025 se reportaron 85,769 expulsados bajo la administración de Biden, mientras que, en el mismo período bajo Trump, la cifra subió a 234.211. Sin embargo, el aumento no se refleja proporcionalmente en la cantidad de recursos invertidos. Esto plantea interrogantes sobre la eficiencia del esfuerzo, considerando la gran cantidad de personal y fondos movilizados.
A pesar de la información publicada, la administración de Trump continúa ocultando detalles clave sobre sus actividades de control migratorio. No se especifican con claridad los recursos destinados, ni se detalla quiénes son los objetivos principales de estas políticas. Este opaco manejo de la información aumenta la necesidad de persistencia por parte del público y la prensa para seguir documentando y cuestionando los resultados de la aplicación de la ley migratoria.
El esfuerzo por comprender y documentar las acciones de ICE sigue siendo crucial. A medida que se incrementan las detenciones y deportaciones, el impacto real de estas políticas debe ser evaluado no solo por los números, sino también por los costos sociales, económicos y humanos asociados.
∗El Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) es una organización de investigación no partidista de la Universidad de Syracuse que recopila y distribuye datos sobre actividades de aplicación de la ley federal, en particular en materia de inmigración.
