La jueza federal Susan Van Keulen, del Distrito Norte de California, ordenó que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) reanude la adjudicación de las solicitudes de residencia (Formulario I-485) y permisos de trabajo (Formulario I-765) de una pareja iraní, prohibiendo la aplicación de la pausa administrativa anunciada por la dependencia federal el pasado 2 de diciembre de 2025.
La decisión se produjo tras una demanda presentada por la pareja, que argumentaba que el retraso en la decisión de sus solicitudes causaba daños irreparables, como la pérdida de la autorización para trabajar y la afectación a su carrera profesional.
El fallo, emitido el 20 de febrero de 2026, obliga a USCIS a tomar decisiones sobre las solicitudes de la pareja iraní dentro de los próximos 30 días. Además, la jueza indicó que la espera indefinida de los casos podría ser ilegal, ya que genera perjuicios que afectan directamente a los solicitantes.
El fallo de la jueza federal Susan Van Keulen solo aplica para la pareja iraní que demandó a USCIS. Sin embargo, la medida ha sido celebrada por muchos inmigrantes, pues marca un precedente importante para los inmigrantes que se encuentran en situaciones similares. Ahora se abre la posibilidad de emprender acciones legales individuales para que sus casos sean procesados sin el retraso impuesto por la pausa administrativa.
El fallo también destaca la preocupación por la revisión de seguridad nacional que USCIS había argumentado como justificación para la pausa, y pone en duda la legalidad de las decisiones suspendidas, que afectan tanto a los solicitantes como a sus derechos fundamentales, como el derecho al trabajo.
La pausa administrativa de USCIS
La pausa administrativa dictada por el memorando PM‑602‑0192 de USCIS el 2 de diciembre de 2025 implicó una retención inmediata en la adjudicación de solicitudes de asilo (Formulario I‑589) para todos los solicitantes, sin importar su nacionalidad, así como una retención en la adjudicación de otros beneficios migratorios presentados por personas nacidas o ciudadanas de 19 países catalogados como “de alto riesgo”.
Esta lista fue formalizada a partir de la Proclamación Presidencial 10949, originalmente firmada en junio de 2025, que identifica naciones cuya entrada o beneficios migratorios están sujetos a restricciones adicionales por motivos de seguridad nacional.
La medida no estableció una fecha de término concreta y se diseñó como un proceso de revisión exhaustiva de cada caso, con el objetivo declarado por las autoridades de reforzar controles de seguridad y verificar información antes de aprobar beneficios como la residencia, la naturalización o permisos de trabajo.
Bajo el nuevo esquema, los funcionarios de USCIS quedaron instruidos a reconsiderar solicitudes pendientes, incluso aquellas ya aprobadas para personas que entraron a Estados Unidos a partir del 20 de enero de 2021, lo que podría incluir nuevas entrevistas o verificaciones adicionales.
En el caso específico de los permisos de trabajo (EAD) basados en solicitudes de asilo o ajuste de estatus, estos seguían siendo válidos, pero muchos solicitantes enfrentaron demoras pronunciadas en la renovación o adjudicación de nuevos EAD.
Consultores y abogados en inmigración han señalado que esta pausa creó un limbo operativo para miles de extranjeros, incluidos cubanos con solicitudes pendientes, que vieron sus procesos estancados sin un horizonte claro de resolución y con la amenaza de una revisión más estricta de sus antecedentes o vínculos.
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