Una jueza federal en Boston bloqueó este miércoles el intento de la administración Trump de pausar el procesamiento del programa de parole humanitario que ha permitido la entrada legal de más de 434.000 migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití desde su lanzamiento en enero de 2023.
La decisión, tomada por la magistrada Indira Talwani, impide temporalmente que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) detenga la tramitación de solicitudes mientras se resuelve una demanda colectiva en curso que cuestiona la legalidad de la medida impulsada por el nuevo gobierno.
No se mantedrá la pausa en los procesos
El fallo se produce después de que el presidente Donald Trump firmara, el 20 de enero de 2025, una orden ejecutiva instruyendo al DHS a eliminar los programas de parole categórico implementados bajo la administración Biden. El mismo día, el secretario interino de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman, ordenó la suspensión inmediata de las solicitudes de migrantes acogidos al programa, alegando que el uso del parole debía ser “caso por caso” y no en función de criterios generales.
“La ley federal sigue exigiendo que las agencias sigan un proceso riguroso para otorgar o denegar beneficios migratorios como el parole”, escribió Talwani, quien fue nombrada por el expresidente Barack Obama. En su fallo, la jueza rechaza el argumento de que el Ejecutivo tiene plena discrecionalidad para modificar estos programas sin pasar por los procedimientos legales establecidos.
El programa de parole humanitario ha beneficiado hasta la fecha a más de 434.800 personas, según datos oficiales de USCIS. Solo a cubanos se les han aprobado más de 80.000 solicitudes. Bajo este esquema, migrantes con patrocinadores en Estados Unidos pueden ingresar legalmente al país por un periodo de hasta dos años con posibilidad de obtener permiso de trabajo.
Nuevamente Talwani
Talwani ya había emitido en abril otra orden que detenía la revocación del estatus migratorio temporal de cientos de miles de beneficiarios, incluyendo a quienes ya se encontraban dentro del país con parole aprobado. El gobierno de Trump ha apelado esa decisión ante la Corte Suprema.
La nueva orden judicial también exige al DHS que reanude el procesamiento de solicitudes para quienes ya habían sido aprobados y que se les permita explorar otras vías de regularización migratoria, como el asilo o el Estatus de Protección Temporal (TPS). A mediados de febrero, el DHS había instruido a su personal a negar cualquier ajuste de estatus adicional a los beneficiarios ya admitidos bajo el parole, lo que provocó una ola de incertidumbre entre los migrantes.
El Departamento de Seguridad Nacional y los abogados de los demandantes no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios tras conocerse la decisión.
La medida afecta directamente a migrantes de países como Cuba, Haití, Venezuela, Nicaragua, Afganistán y Ucrania. De momento, la pausa en la cancelación de estos programas representa un respiro temporal para miles de familias que esperaban reunificación o resolver su situación migratoria dentro de los Estados Unidos.
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