Una jueza federal en Boston bloqueó este lunes el intento de la administración Trump de poner fin a las protecciones contra la deportación y permisos de trabajo otorgados a más de 530,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que ingresaron legalmente a Estados Unidos bajo el programa de parole humanitario impulsado durante la presidencia de Joe Biden.
La jueza Indira Talwani, de la Corte de Distrito en Massachusetts, determinó que los beneficiarios del programa —conocido como CHNV, por las iniciales de los países involucrados— podrán permanecer en EE.UU. mientras tramitan beneficios migratorios, deteniendo así los planes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de revocar masivamente su estatus legal el 24 de abril.
“Si no emito esta orden de suspensión, el estatus legal de estos inmigrantes expiraría en menos de dos semanas”, escribió Talwani en su fallo de 41 páginas. “Quedarían con dos opciones desfavorables: abandonar el país voluntariamente o enfrentar procesos de deportación.”
El fallo representa una importante victoria legal para miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que llegaron al país por vía aérea con patrocinadores financieros, pasaron controles de antecedentes y sanitarios, y han vivido principalmente en el sur de Florida desde su llegada.
Además, Talwani certificó a los demandantes como una clase, lo que extiende su protección a todos los beneficiarios actuales del programa.
Trump intentó anular el programa creado por Biden
El programa de parole fue lanzado en enero de 2023 con el objetivo de ofrecer una vía legal, ordenada y segura para migrantes de cuatro países que enfrentan crisis políticas, económicas y humanitarias severas. Hasta diciembre de 2024, ingresaron por esta vía:
- 110,240 cubanos
- 211,040 haitianos
- 93,070 nicaragüenses
- 117,330 venezolanos
Un total de 531,690 personas que evitaron cruzar la frontera sur y optaron por esta alternativa legal.
La administración Trump, sin embargo, anunció el 25 de marzo su intención de terminar el programa CHNV, alegando que no cumplía un beneficio público significativo, que saturaba el sistema migratorio y que era incompatible con la política exterior del presidente.
“Estos programas no han reducido la inmigración ilegal, no cumplen sus objetivos y son inconsistentes con nuestras prioridades de seguridad fronteriza,” argumentó el DHS en su notificación oficial.
La jueza: “Están castigando a quienes siguieron las reglas”
Durante la audiencia, la jueza Talwani cuestionó el enfoque del gobierno: “Lo que están priorizando no es a quienes cruzaron ilegalmente, sino a quienes siguieron las reglas,” señaló, subrayando que los beneficiarios del parole no deben ser tratados como inmigrantes irregulares.
Según el DHS, unos 75,000 migrantes del programa ya han solicitado asilo, lo que ha generado presión sobre el sistema migratorio. Florida ha recibido cerca del 80% de los beneficiarios.
¿Qué sigue?
Aunque la decisión es un alivio temporal para los migrantes, el gobierno podría apelar el fallo, y ha advertido que priorizará la deportación de quienes no soliciten un beneficio migratorio formal como ajuste de estatus, asilo o TPS.
En su resolución, la jueza advirtió que revocar el parole de forma masiva, sin evaluación individualizada, va más allá de la discrecionalidad del secretario del DHS.
Contexto humanitario
El programa CHNV benefició a personas provenientes de países en crisis:
- En Cuba, los migrantes huyen de un régimen autoritario, apagones y escasez generalizada.
- En Haití, el colapso del Estado ha dejado a más de un millón de desplazados por violencia de pandillas.
- En Venezuela y Nicaragua, los regímenes represivos han provocado la huida de millones de personas.
La decisión judicial representa una pausa al endurecimiento migratorio impulsado por Trump, quien busca eliminar caminos legales como el parole para priorizar medidas de disuasión más agresivas.
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