La exjueza cubana Katrina Castro Menéndez, de 41 años, permanece bajo custodia migratoria en Broward, Florida, mientras el Gobierno de Estados Unidos intenta establecer si incurrió en fraude durante sus trámites y si omitió información sobre sus vínculos con estructuras políticas de Cuba.
El proceso, que podría derivar en su deportación, también coloca bajo escrutinio su anterior trabajo como jueza penal en la Isla.
Castro Menéndez estudió Derecho en la Universidad de La Habana y ejerció funciones judiciales en Cárdenas y Centro Habana. Abandonó ese cargo en 2014, posteriormente residió en México y entró a Estados Unidos en 2021. Según EL PAÍS, las autoridades migratorias la detuvieron en junio de 2026 y desde entonces permanece en el Centro de Transición de Broward.
ICE señala contradicciones en los formularios migratorios
Uno de los ejes del expediente está relacionado con las respuestas ofrecidas durante diferentes etapas de su proceso migratorio. Seguridad Nacional sostiene que intentó conseguir beneficios mediante “fraude o tergiversación deliberada” debido a discrepancias entre su solicitud de asilo y el posterior trámite de residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano.
En el formulario I-589 constaba que no había integrado organizaciones o grupos políticos. Castro Menéndez atribuye esa respuesta al bufete encargado de preparar la petición, por cuyos servicios asegura haber pagado 3.000 dólares. Afirma que los abogados completaron el documento sin realizarle una entrevista detallada.
La información cambió al presentar el formulario I-485. Allí reconoció su pertenencia a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y la Federación Estudiantil Universitaria (FEU). Esa diferencia llevó al Gobierno a cuestionar si existió una omisión intencional. La exmagistrada sostiene que simplemente respondió después a una pregunta formulada de manera más amplia.
Su trabajo como jueza cubana también está bajo escrutinio
El segundo frente está relacionado con el Partido Comunista de Cuba. Castro Menéndez niega haber pertenecido al PCC, pero Seguridad Nacional argumenta que su condición de jueza dentro del sistema judicial cubano suponía una afiliación o asociación que debía haber declarado durante el proceso migratorio.
Ella sostiene que nunca militó en esa organización y asegura que durante su etapa judicial atendió delitos comunes con sanciones de hasta un año, sin procesar a opositores o manifestantes. EL PAÍS señaló que consultó a otros exjueces cubanos que afirmaron que militar en el PCC no constituye formalmente un requisito obligatorio para ejercer esa función.
Tribunal deberá decidir si puede permanecer en Estados Unidos
Castro Menéndez compareció el 5 de agosto ante un juez de inmigración sin representación legal y decidió defenderse por cuenta propia. Durante la audiencia reconoció nuevamente su paso por los CDR, la FMC y la FEU, pero rechazó haber integrado el Partido Comunista en Cuba o en otro país.
El expediente avanza mientras la Administración de Donald Trump mantiene una política de mayor presión contra instituciones y personas vinculadas al aparato estatal cubano. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha anunciado nuevas sanciones contra entidades relacionadas con el régimen durante agosto de 2026.
Por ahora, Castro Menéndez no tiene una orden definitiva de deportación. El tribunal deberá determinar si las diferencias en sus formularios constituyeron errores o tergiversaciones deliberadas y si existen fundamentos legales para atribuirle la afiliación comunista alegada por el Gobierno. Su pasado como jueza y sus respuestas migratorias están bajo examen, pero la decisión final corresponde al proceso judicial.
