Una jueza federal aprobó un acuerdo que permitirá al Servicio de Impuestos Internos (IRS) compartir información de contribuyentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en un esfuerzo por rastrear a inmigrantes indocumentados y facilitar su deportación.
La jueza Dabney Friedrich, quien fue designada por el presidente Donald Trump, rechazó los argumentos presentados por grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, que alegaban que este intercambio de datos violaba las leyes de confidencialidad del contribuyente. Por lo tanto, su decisión de no revocar el acuerdo significa una victoria para la política migratoria de la administración republicana.
La agenda migratoria de Trump establece la necesidad de estrechar la cooperación entre las autoridades fiscales y de inmigración para expulsar rápidamente a los inmigrantes indocumentados del país. Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa a ICE, argumentaron que este intercambio de datos protegería a los ciudadanos estadounidenses al permitir la deportación de inmigrantes potencialmente peligrosos que se encuentren en el país sin autorización.
A pesar de las objeciones de varios funcionarios del IRS, quienes se mostraron preocupados por la legalidad del acuerdo, la jueza Friedrich dictó que la administración de Trump había diseñado el acuerdo con suficiente precaución para cumplir con las leyes vigentes. El fallo se produce tras un análisis de los términos del Memorándum de Entendimiento entre el IRS y el DHS, que establece que la información solo se compartirá para investigaciones penales.
Migrantes podrían ser reticentes a pagar impuestos en el futuro
Los defensores de los inmigrantes consideran que este acuerdo es una violación a la privacidad de los contribuyentes, especialmente cuando se considera que por décadas se alentó a los inmigrantes indocumentados a registrarse en el IRS y pagar impuestos, con la garantía de que su información personal no sería utilizada para fines de deportación.
Según estos grupos, el intercambio de datos no solo pone en peligro la privacidad de los inmigrantes, sino que también en el futuro podría disuadir a aquellos indocumentados de cumplir con sus obligaciones fiscales por temor a ser identificados y deportados.
Otras decisiones judiciales en materia migratoria
La administración de Trump ha implementado políticas migratorias que han sido objeto de controversia y han llegado a los tribunales federales en EEUU.
Suspensión del Habeas Corpus
En mayo de 2025, el gobierno de Trump propuso suspender el habeas corpus, una medida que permitiría la detención sin recurso judicial. Esta propuesta ha sido fuertemente criticada por juristas y políticos, ya que el habeas corpus es un derecho constitucional fundamental, solo suspendido en situaciones extremas como guerras. La propuesta ha generado indignación y preocupación por el respeto a los derechos humanos y la separación de poderes.
Deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros
La administración de Trump ha intentado utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a migrantes venezolanos, alegando vínculos con la banda criminal Tren de Aragua. Sin embargo, tribunales federales en Texas y Nueva York han bloqueado estas deportaciones, argumentando que no se cumplen los requisitos legales y constitucionales para aplicar esta ley en tiempos de paz.
El Tribunal Supremo también intervino, permitiendo temporalmente las deportaciones, pero exigiendo que los detenidos tengan la oportunidad de impugnar su deportación en los tribunales correspondientes.
Eliminación del parole humanitario
La administración de Trump solicitó al Tribunal Supremo que revoque una decisión judicial que bloqueó la eliminación del programa de parole humanitario para 530.000 inmigrantes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua.
Este programa, iniciado por Joe Biden en 2022, permitía la estancia legal temporal de ciertos migrantes para enfrentar la crisis migratoria. Trump intentó anularlo mediante un decreto en marzo de 2025, pero fue frenado por la jueza federal Indira Talwani, quien argumentó que el Gobierno debía evaluar caso por caso antes de revocar su estatus legal.
El abogado de Trump, John Sauer, sostiene que la jueza malinterpretó la ley y que la decisión entorpece los poderes exclusivos del ejecutivo en política migratoria. Organizaciones defensoras de derechos humanos han alertado sobre las graves consecuencias para los inmigrantes afectados si se elimina el parole.
