Migrantes que entraron a Estados Unidos mediante la aplicación CBP One, y luego recibieron avisos de cancelación de su parole, quedaron beneficiados por una orden emitida este martes por un juez federal de Boston contra la administración de Donald Trump.
La decisión obliga a revertir esa cancelación cuando el permiso no haya expirado por su término natural, al considerar que el gobierno actuó sin cumplir los procedimientos legales requeridos.
La jueza Allison Burroughs determinó que el Departamento de Seguridad Nacional envió correos masivos para dar por terminado el parole sin realizar una revisión individual de cada caso. Según el fallo, la ley exigía dejar constancia de que un funcionario evaluó si el propósito del beneficio migratorio ya se había cumplido antes de revocarlo.
La resolución adquiere peso para miles de migrantes porque les devuelve, en determinados casos, la base legal para permanecer en el país. También puede restablecer beneficios vinculados a ese estatus, como la autorización de empleo, en una política que alcanzó a parte de las más de 900.000 personas que ingresaron con CBP One.
Qué cambia para los cubanos con CBP One
El abogado Ismael Labrador explicó que la consecuencia más inmediata para los cubanos afectados es la restitución del parole si este fue cancelado por decisión administrativa y no por vencimiento. Eso les permite volver a alegar que su presencia en Estados Unidos está amparada por un estatus legal vigente.
Labrador sostuvo además que la recuperación del parole puede tener impacto sobre otros procesos migratorios. Quienes presentaron solicitudes de ajuste de estatus o peticiones familiares y luego enfrentaron obstáculos por no tener un parole válido, ahora podrían contar con argumentos para reabrir la discusión de sus casos.
El abogado también señaló que los migrantes con permisos de trabajo ligados a ese parole podrían defender que dichos documentos recuperan vigencia mientras dure el beneficio restituido. Esa posibilidad abre una vía de alivio para quienes habían quedado en una situación incierta tras la cancelación masiva.
Los límites del fallo judicial
Pese al alcance de la decisión, Labrador advirtió que la sentencia tiene límites claros. No revive paroles que ya vencieron por fecha ni corrige de forma automática todas las consecuencias derivadas de la cancelación. Quienes devolvieron físicamente su autorización de empleo tendrán que pedir un reemplazo y enfrentar el retraso del trámite.
Tampoco desaparece el riesgo de detención. Labrador reconoció que una persona con parole válido no debería ser tratada como alguien sin estatus, pero recordó que en la práctica reciente algunos migrantes han sido detenidos aun con documentos en regla o solicitudes pendientes.
El origen de la demanda contra Trump
La demanda que originó el fallo fue presentada en agosto por tres personas de Venezuela, Cuba y Haití, junto con la Asociación Venezolana de Massachusetts. El grupo legal Democracy Forward celebró la decisión como un freno a la eliminación masiva de estatus, mientras el gobierno la rechazó y la describió como una interferencia judicial en su política migratoria.
Según Labrador, el resultado no respondió a un cambio de voluntad política del gobierno, sino a la presión ejercida por los tribunales federales. A su juicio, estas demandas se han convertido en la principal herramienta para contener medidas que considera abusivas dentro de la actual política migratoria de Washington.
