Una excelente noticia recibieron los beneficiarios del parole humanitario cuando una jueza federal de Boston suspendió la revocación de las visas humanitarias ordenada por el presidente Donald Trump.
La jueza de distrito Indira Talwani determinó que la administración Trump interpretó erróneamente la ley al intentar retirar el beneficio de parole humanitario concedido durante el gobierno de Joe Biden. Talwani explicó que el proceso rápido de deportación aplica únicamente a quienes ingresan ilegalmente al país, no a personas autorizadas previamente.
“Lo que están priorizando no son personas que cruzaron ilegalmente la frontera, sino aquellas que siguieron las reglas”, afirmó la jueza en su fallo.
La acción del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que se ejecutaría desde el 24 de abril habría provocado daños irreparables a cientos de miles de migrantes y residentes en todo el país, afectando su estatus legal y empleos desde finales de abril, denunciaron abogados defensores de los afectados.
Por su parte, representantes del gobierno de Trump insistieron en que los migrantes no tienen derecho a impugnar legalmente la decisión administrativa y defendieron la potestad del Ejecutivo sobre políticas migratorias, poniendo en jaque el futuro de numerosas familias migrantes.
El gobierno está obligado a acatar las órdenes de un juez de distrito. En el sistema judicial de Estados Unidos, las decisiones de los jueces federales, incluyendo a los jueces de distrito, tienen fuerza vinculante y deben ser cumplidas por todas las partes, incluido el gobierno federal.
Cuando un juez de distrito emite una orden, como en el caso de bloquear una política migratoria, esa decisión debe ser respetada, a menos que sea apelada ante un tribunal de apelaciones y modificado o anulado por una instancia superior.
Talwani indicó que “no es mi papel intervenir en cuestiones de política migratoria a gran escala”, con lo cual no ordenará la continuidad del programa. Sin embargo, consideró confuso y cuestionable el fundamento legal del gobierno para revocar el estatus de personas que ya se encuentran legalmente en Estados Unidos.
No obstante, la agencia Reuters recordó que ya el DHS había turnado correos electrónicos a miles de beneficiarios del parole instándolos a abandonar el país, pues entraría en vigor la revocación. Uno de los casos más sonados que tomó la decisión de salir del país fue el ex dirigente comunista Misael Enamorado Dáger.
En ese sentido, la jueza dijo que emitirá una orden con urgencia para suspender la aplicación del aviso publicado en el Registro Federal.
El programa migratorio fue instaurado inicialmente en 2022 para venezolanos y extendido en enero de 2023 a cubanos, nicaragüenses y haitianos. Bajo esta iniciativa, los beneficiarios podían permanecer legalmente en EE.UU. durante dos años, siempre que contaran con un patrocinador estadounidense. En total se beneficiaron más de 530 mil personas.
En particular, los cubanos también podían aspirar a la residencia permanente (Green Card) mediante la Ley de Ajuste Cubano, siempre que hubieran permanecido en el país por al menos un año y un día. Aquellos llegados después de abril de 2024 quedarían vulnerables ante la nueva regulación.
Aunque el programa mantuvo un flujo estable de aprobaciones en 2023 y principios de 2024, en agosto pasado comenzó a enfrentar un riguroso escrutinio que ralentizó significativamente las aprobaciones.
En enero de 2025, Trump ordenó mediante decreto ejecutivo la suspensión inmediata del programa, acusando a Biden de haber excedido las facultades legales federales, calificando la política migratoria previa como un abuso de poder.
La decisión tomada por la jueza es un claro recordatorio de la independencia de poderes en Estados Unidos, un principio fundamental de su sistema democrático. Al bloquear la medida propuesta por la administración de Donald Trump, que intentaba revocar el estatus legal de cientos de miles de migrantes bajo el programa de parole humanitario, la jueza demostró que, en Estados Unidos, incluso el presidente está sujeto a la ley y no se encuentra por encima de la misma.
Esta resolución resalta que los derechos de los ciudadanos, en este caso de los migrantes, son protegidos por un sistema judicial imparcial que tiene la última palabra en la interpretación de las leyes, sin importar las presiones políticas del ejecutivo. La independencia de los tribunales es esencial para garantizar que las políticas y decisiones del gobierno no violen los derechos fundamentales de los individuos, asegurando que las acciones del poder ejecutivo sean revisadas y, si es necesario, corregidas.
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