El juez federal de distrito, Rudolph Contreras, emitió una orden de restricción temporal que bloquea una política controvertida del gobierno de Donald Trump. Esta política, que entraría en vigor este fin de semana, hubiera permitido que los menores no acompañados que cruzaron la frontera hacia EEUU fueran transferidos a centros de detención para adultos al cumplir los 18 años.
La decisión judicial impide que la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) transfiera a estos menores a instalaciones para adultos.
La medida surge en respuesta a la preocupación de los defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes argumentan que la nueva política viola una sentencia previa de 2021, en la que el juez Contreras prohibió que ICE detuviera a menores en instalaciones para adultos.
En lugar de ser enviados a centros de detención para adultos, los menores que alcanzaran la mayoría de edad debían ser liberados en el entorno menos restrictivo posible, como el cuidado de una familia o un hogar de acogida.
El cambio de política, que también incluía un incentivo de 2,500 dólares para que los menores de 17 años y mayores regresaran a sus países de origen y retiraran sus solicitudes de asilo, fue ampliamente criticado.
Los defensores de los derechos humanos lo calificaron de coercitivo, pues existía el temor de que los menores se sintieran presionados a autodeportarse bajo amenazas de ser detenidos o que sus familias fueran arrestadas.
Este giro en la política migratoria habría tenido un impacto negativo en los menores que ya habían recibido la aprobación para ser liberados. En lugar de reunirse con sus familias o continuar con su proceso migratorio en condiciones más humanas, los menores serían transferidos a centros de detención para adultos, un proceso que muchos consideraron innecesariamente dañino para quienes ya habían sido víctimas de abusos o tráfico.
La decisión del juez Contreras es vista como una victoria para los grupos defensores de los inmigrantes, incluidos el American Immigration Council y el National Immigrant Justice Center. Estos grupos habían presentado la moción de emergencia para detener la nueva política, y el fallo del juez proporciona más tiempo para que los menores resuelvan sus casos sin el riesgo inmediato de ser detenidos o deportados.
La orden temporal ha suspendido la implementación de la nueva política y, por el momento, protege a los menores no acompañados de ser transferidos a instalaciones para adultos.
El sistema de justicia de EEUU es independiente y está dividido en tres niveles: tribunales de distrito (primera instancia), tribunales de apelación y la Corte Suprema. Un juez federal puede bloquear una política o una orden ejecutiva del presidente si considera que viola la Constitución o las leyes federales.
Esto ocurre porque los tribunales federales tienen la facultad de revisar que las acciones del Ejecutivo se ajusten a la ley, actuando como control sobre el poder presidencial.
Cuando una persona o entidad presenta una demanda contra el gobierno, un juez puede emitir una orden judicial para suspender esa política mientras se examina su legalidad, lo que se conoce como “injunction” o medida cautelar.
Así, el poder judicial federal funciona como control y equilibrio dentro del sistema de pesos y contrapesos, asegurando que ninguna rama del gobierno, incluso el presidente, actúe fuera del marco legal establecido por la Constitución. Esta independencia protege los derechos constitucionales y limita abusos del poder ejecutivo
