Un juez federal dictaminó este miércoles que la política de la administración Trump que permite la deportación expedita de migrantes a países distintos al suyo, sin darles la oportunidad de presentar temores de persecución o tortura, es ilegal y debe ser eliminada.
El fallo, emitido por el juez Brian Murphy del Tribunal de Distrito de Massachusetts, invalida la política del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS). La administración republicana ya anticipa que el caso será resuelto finalmente por la Corte Suprema de EEUU.
El juez, quien fue nombrado por el presidente demócrata Joe Biden, suspendió su fallo por 15 días para permitir que el gobierno de EEUU presente una apelación, dada la importancia y la historia inusual del caso.
Durante ese período, el gobierno podrá solicitar a la Corte Suprema que revise la decisión. Esta intervención de la Corte Suprema no es la primera; previamente había levantado una orden preliminar del juez Murphy que había protegido los derechos procesales de los migrantes ante la deportación a terceros países, como Sudán del Sur, Libia y El Salvador.
BREAKING: Massachusetts federal judge Brian Murphy (Biden appointee) has just ruled that the Trump administration cannot deport illegal immigrants to third party countries, arguing that doing so without due process & the ability to challenge in court is illegal.
— Bill Melugin (@BillMelugin_) February 25, 2026
El fallo de este miércoles se origina en una demanda colectiva contra una política del DHS que, a partir de un memorando de marzo y una directiva posterior en julio, permite la deportación rápida de migrantes a países no mencionados previamente en sus órdenes de remoción o procedimientos judiciales de inmigración.
En este contexto, los migrantes pueden ser deportados a esos países si las autoridades migratorias tienen garantías diplomáticas creíbles de que no serán perseguidos o torturados, o si los migrantes reciben tan solo seis horas de aviso sobre su deportación.
Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que la política cumplía con los requisitos de la ley de inmigración y con los estándares mínimos de debido proceso. Sin embargo, el juez Murphy rechazó esta postura, declarando que esta política de deportación rápida a países desconocidos contraviene las leyes que protegen a los migrantes de la persecución o la tortura.
Esta decisión resalta las tensiones persistentes sobre la política migratoria de la administración Trump y el trato que se les da a los migrantes. Las autoridades del gobierno argumentaron que la posibilidad de enviar a migrantes a países alternativos era crucial para deportar a los “peores de los peores”, aquellos cuyos países de origen se niegan a recibirlos debido a los delitos que han cometido.
Sin embargo, el juez Murphy cuestionó la legalidad de esta práctica, alegando que el gobierno no puede “tomar a las personas y dejarlas en partes desconocidas”.
Ahora se espera por una decisión final de la Corte Suprema, que, aunque de mayoría conservadora, la semana pasada falló en contra de Trump declarando que sus aranceles son ilegales.
