Un juez federal de Boston se prepara para tomar una decisión clave sobre el futuro de más de medio millón de migrantes, entre ellos cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, que llegaron a Estados Unidos bajo el programa de parole humanitario otorgado bajo la administración de Joe Biden.
La audiencia, que se celebrará este jueves, podría suspender la revocación del parole ordenado por Donald Trump y que está previsto entré en vigor el 24 de abril, dejando a miles de personas sin estatus legal y sin acceso a recursos para impugnar sus deportaciones.
Si el juez federal Indira Talwani no suspende la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de su secretaria, Kristi Noem, las protecciones contra la deportación se eliminarían, dejando a más de 530 mil migrantes vulnerables a ser deportados en masa, siempre que no hayan obtenido otro estatus migratorio desde su entrada a EEUU.
Los abogados de los migrantes aseguran que permitir que la acción del DHS entre en vigor causaría un daño irreparable a cientos de miles de trabajadores y residentes en todo el país, quienes perderían su estatus legal y sus empleos el mismo día a fines de abril.
Por otro lado, los abogados de la administración Trump argumentan que los migrantes no tienen derecho legal a impugnar la decisión del Departamento de Seguridad Nacional y que los tribunales no deben interferir en las políticas migratorias del gobierno. Este conflicto legal está poniendo en juego el futuro de miles de familias migrantes.
El programa de parole humanitario fue introducido en 2022 inicialmente para los venezolanos y, en enero de 2023, se amplió a cubanos, nicaragüenses y haitianos, permitiéndoles ingresar a EEUU de forma legal durante dos años, siempre y cuando tuvieran un patrocinador estadounidense.
Este programa también ofrecía a los cubanos la opción de solicitar la residencia permanente (Green Card) a través de la Ley de Ajuste Cubano, bajo la condición de haber permanecido en el país durante al menos un año y un día. Sin embargo, aquellos que no cumplieran con ese requisito estarían en riesgo de deportación una vez que las nuevas regulaciones entren en vigor el próximo mes.
La situación es especialmente crítica para aquellos cubanos que llegaron a Estados Unidos después de abril de 2024 bajo el programa de parole humanitario, ya que no habrán cumplido con el tiempo necesario para solicitar un ajuste de estatus. El programa, que había mantenido un flujo estable de aprobaciones durante 2023 y la primera parte de 2024, comenzó a ser objeto de un examen exhaustivo en agosto de 2024, lo que provocó una desaceleración significativa de las aprobaciones.
En enero de 2025, Trump emitió un decreto ejecutivo en el que ordenó la suspensión de este programa, alegando que las políticas migratorias de la administración de Joe Biden excedían las facultades de la ley federal y constituían un abuso de poder.
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