El viernes, un juez federal en Washington, D.C., dictó una orden temporal que bloquea la política del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de compartir información confidencial de los contribuyentes con la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE), calificando esta práctica de “ilegal”.
La jueza Colleen Kollar-Kotelly, en una decisión de 94 páginas, determinó que el IRS violó la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) al adoptar la «Política de Compartición de Direcciones», que permitía transmitir direcciones de contribuyentes a ICE sin justificación suficiente.
La jueza Kollar-Kotelly señaló que el IRS no explicó adecuadamente por qué se desvió de su política anterior de “confidencialidad estricta”, que protegía la privacidad de los datos fiscales de los ciudadanos. Además, la orden judicial subraya que la política contraviene varias disposiciones del Código de Rentas Internas (IRC), que establece normas claras sobre la protección de la información fiscal confidencial.
El IRS compartió, en agosto, los datos de casi 47.000 contribuyentes con ICE. Este hecho generó una demanda por parte de grupos de derechos civiles, como el Center for Taxpayer Rights, Main Street Alliance y Communications Workers of America, quienes argumentaron que esta acción violaba los derechos de privacidad de los contribuyentes y generaba un temor adicional entre los inmigrantes de ser identificados y deportados.
Los demandantes sostuvieron que esta política del IRS podría causar un daño irreparable, particularmente en las comunidades de inmigrantes, quienes temen ser detenidos y deportados. Según los argumentos, el hecho de que el IRS compartiera esta información con ICE desincentivaría a muchos inmigrantes a cumplir con sus obligaciones fiscales, ya que perciben el pago de impuestos como un riesgo de persecución.
La jueza estuvo de acuerdo con esta evaluación, destacando que el miedo a la deportación afectaría la disposición de los inmigrantes a pagar impuestos, lo que afectaría la participación en el sistema tributario y afectaría la confianza en las instituciones fiscales de EEUU.
Además, Kollar-Kotelly destacó el impacto negativo que esta práctica podría tener en las organizaciones de servicios fiscales para inmigrantes, especialmente aquellas que dependen de la confianza de los inmigrantes para operar. Las clínicas fiscales sin fines de lucro, que han sido cruciales para que los inmigrantes cumplan con sus obligaciones fiscales, se verían afectadas si la confianza en el sistema se viera erosionada por la política del IRS.
El fallo judicial suspende temporalmente la política de compartición de datos mientras se lleva a cabo una revisión más profunda del caso. Sin embargo, la orden también establece que, en ciertas circunstancias, los datos podrían seguir siendo compartidos con ICE, pero solo con la aprobación previa del tribunal. Esta decisión amplió una orden anterior emitida en septiembre, que obligaba al IRS a notificar al tribunal con 24 horas de antelación antes de compartir grandes volúmenes de datos fiscales con ICE.
El grupo legal Democracy Forward, que representa a los demandantes, celebró el fallo como un avance importante para proteger la privacidad de los contribuyentes. Según la organización, este es el primer fallo judicial que bloquea la práctica del IRS de compartir datos con ICE, subrayando que pagar impuestos no debería implicar renunciar al derecho a la privacidad.
