Un juez federal en Texas anuló este jueves la política de parole in place implantada desde algunos meses por la administración de Joe Biden. El gobierno demócrata otorgaba un estatus temporal de legalidad en el país a cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses que cumplieran con ciertos requisitos.
El juez J. Campbell Barker, nombrado por Donald Trump, consideró que el Congreso no ha otorgado al poder ejecutivo la autoridad para implementar una política de este tipo. Barker, en su fallo, señaló que la interpretación de la ley por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la administración Biden “estira la interpretación legal más allá de su límite”.
Además, Barker rechazó la solicitud de los beneficiarios del programa de intervenir en el caso para defender la política, exponiendo sus testimonios.
El fallo que se produce tras una demanda presentada por Texas y otros 15 estados republicanos, afecta a cerca de medio millón de personas que, bajo esta medida, evitaban la deportación y obtenían permisos de trabajo mientras tramitaban su residencia en EEUU.
El parole in place había sido lanzado a inicios de este año en el contexto de la campaña de reelección del presidente Biden. Según las autoridades de estos estados, la protección a más de medio millón de personas bajo el parole in place significaría un gasto significativo en servicios de salud, educación y seguridad.
Bajo esta política, los solicitantes debían cumplir con varios requisitos establecidos por el DHS, como tener residencia continua en EEUU desde 2014 y un matrimonio legal con un ciudadano estadounidense antes de 2024. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) había recibido miles de solicitudes, las cuales quedan ahora en espera.
Para solicitar el parole in place en cualquiera de sus formas se debía completar el Formulario I-131, Solicitud de Documento de Viaje, y enviarlo (sin costo) a su oficina local del USCIS. Para el trámite, el costo actualizado a las tarifas de USCIS de 2024 es de 580 dólares.
El fallo del juez Barker recuerda la función esencial del poder judicial en EEUU. Este sistema de gobierno está diseñado bajo la separación de poderes, donde cada una de las tres ramas —ejecutiva, legislativa y judicial— se equilibra mutuamente.
Mediante el mecanismo de revisión judicial, los jueces pueden suspender políticas o decisiones ejecutivas cuando existen dudas sobre su constitucionalidad. Esto asegura que las acciones de los departamentos ejecutivos se mantengan dentro del marco de la ley.
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