Un juez federal determinó el pasado viernes que las autoridades estadounidenses no están obligadas a aceptar solicitantes de asilo en los cruces fronterizos con México si no cuentan con una cita previa obtenida a través de la aplicación móvil CBP One.
Esta decisión respalda a la administración Biden, que busca establecer nuevas rutas de ingreso al país y, simultáneamente, establecer un procedimiento más estructurado para los solicitantes de asilo.
Desde enero hasta agosto de este 2023, la aplicación CBP One ha registrado 263.000 citas, con un pico de 45.400 solo en el último mes. Entre los solicitantes, las nacionalidades predominantes son haitiana, mexicana y venezolana.
Sin embargo, la aplicación ha generado críticas tanto desde sectores conservadores, que la consideran demasiado permisiva, como desde sectores progresistas, que la ven como restrictiva.
La importancia de CBP One ha sido tal que se ha convertido, según abogados de Al Otro Lado y Haitian Bridge Alliance, en “el único mecanismo para acceder al proceso de asilo de Estados Unidos”. El rechazo a solicitantes sin cita previa, argumentan, pone en riesgo a estas personas, dejándolas expuestas a peligros en ciudades fronterizas mexicanas.
Por otra parte, el Departamento de Justicia ha negado la existencia de una política de rechazo de solicitantes de asilo sin cita. Aunque aquellos con cita tienen prioridad, aseguran que no se excluye a quienes no la poseen. El juez Andrew Schopler, designado por el presidente Joe Biden, indicó que su decisión se basa en un precedente de la Corte Suprema que restringe su autoridad en políticas migratorias.
Los demandantes han expresado su descontento con el fallo y están evaluando la posibilidad de apelar, según Melissa Crow, abogada representante. Por su lado, Katherine Shinners, abogada del Departamento de Justicia, respaldó la decisión del juez, considerando que el caso es “bastante sencillo”.
Este fallo surge en un contexto de creciente debate sobre las políticas migratorias. La administración enfrenta cuestionamientos en los tribunales por su enfoque combinado de rutas legales y aplicación de la ley. También se está apelando una norma que dificulta el asilo a quienes ingresan ilegalmente a EE. UU. tras pasar por otro país.
Un caso adicional en seguimiento se refiere a una política que otorga estadía de dos años a personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. En ese sentido, Texas lidera a 21 estados en argumentar que esta política excede las competencias presidenciales.
Finalmente, a pesar de la decisión del juez Schopler, la controversia sobre CBP One persistirá en San Diego, ya que la impugnación contra la aplicación continuará.
