Un juez federal de California ordenó a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) devolver al proceso regular miles de solicitudes migratorias que habían quedado detenidas por la nacionalidad de sus titulares.
La decisión beneficia potencialmente a ciudadanos de 39 países, entre ellos Cuba y Venezuela, cuyos expedientes fueron afectados por suspensiones aplicadas por la agencia entre diciembre de 2025 y enero de 2026.
El fallo fue emitido por el juez Charles Breyer, quien además autorizó que el proceso avance como una demanda colectiva. Esto amplía la protección más allá de los cerca de 400 inmigrantes que iniciaron la acción legal y permite incluir a otras personas afectadas por las mismas medidas.
La decisión judicial no aprueba automáticamente ningún beneficio migratorio, pero obliga a USCIS a dejar de mantener los casos detenidos únicamente por la nacionalidad de los solicitantes.
Tribunal cuestionó las medidas aplicadas por USCIS
Durante el proceso, el tribunal consideró que existen elementos para determinar que la actuación de la agencia pudo haber sido “arbitraria y caprichosa”. La corte señaló que las suspensiones provocaron consecuencias graves para los inmigrantes afectados.
Entre los daños mencionados aparecen la pérdida de empleos, problemas económicos, dificultades para mantener cobertura médica y la incertidumbre sobre la permanencia en Estados Unidos mientras sus trámites permanecían sin avanzar.
Los expedientes incluidos pueden corresponder a solicitudes de asilo, permisos de trabajo, ajustes de estatus, procesos de naturalización y otros beneficios migratorios que quedaron paralizados durante meses.
La orden establece que USCIS debe reincorporar esos casos a la fila habitual de procesamiento y analizarlos de manera individual, siguiendo los procedimientos establecidos.
La decisión no garantiza aprobaciones ni fechas de respuesta
Aunque el fallo representa un alivio para miles de inmigrantes, el tribunal no ordenó a USCIS aprobar solicitudes pendientes ni estableció un calendario obligatorio para resolver cada expediente.
Los abogados que representan a los afectados habían solicitado que la agencia emitiera decisiones en un plazo máximo de 60 días y que entregara permisos de trabajo en 10 días para quienes cumplieran los requisitos. Sin embargo, el juez rechazó imponer esos límites de tiempo.
La resolución tiene carácter preliminar, por lo que el proceso judicial continuará mientras las partes presentan sus argumentos sobre el fondo del caso.
Para los cubanos y otros inmigrantes cuyos trámites quedaron detenidos por estas políticas, la decisión abre la posibilidad de que sus expedientes vuelvan a avanzar después de meses de espera. Los especialistas recomiendan revisar cada situación con asesoría legal para confirmar si la persona está incluida dentro del alcance de la demanda colectiva.
