Italia oficializó esta semana una nueva ley que prohíbe solicitar la ciudadanía italiana por descendencia de bisabuelos, una medida que impacta a millones de personas de origen italiano, incluidos cubanos radicados en el extranjero.
La legislación, impulsada por el gobierno de derecha de Giorgia Meloni, entró en vigor el pasado martes y limita el acceso al reconocimiento de la ciudadanía a quienes descienden directamente de padres o abuelos italianos.
La modificación del ius sanguinis frustra a quienes, en muchos casos, ya habían iniciado el costoso y largo proceso para obtener la ciudadanía por vía de sus bisabuelos. El Ministerio del Interior estima que cerca de 80 millones de personas en el mundo tienen raíces italianas, muchas de las cuales podrían verse afectadas por este cambio.
A partir de ahora, quienes deseen obtener la ciudadanía deberán establecer residencia legal en Italia, un proceso que también ha sido endurecido bajo la actual administración. Las nuevas condiciones para ciudadanos extracomunitarios incluyen mayores exigencias de visado y una estancia mínima de diez años, salvo que prospere un próximo referéndum que busca reducir el plazo a cinco.
El referéndum, previsto para el 8 y 9 de junio, plantea reducir el tiempo requerido de residencia para solicitar la ciudadanía. Sin embargo, se anticipa su fracaso. En caso de no prosperar, podría convocarse otro referéndum, esta vez para endurecer aún más los requisitos, llevándolos hasta los doce años.
Para solicitar la ciudadanía por residencia, se exige comprobar ingresos mínimos anuales de 8.263 euros (sin hijos), aprobar un examen de italiano y presentar antecedentes penales limpios en todos los países de residencia. Estos requisitos no aplicaban a quienes obtenían la ciudadanía por ascendencia.
Argentina también endurece requisitos para residentes y ciudadanos
Una reforma migratoria en Argentina endurece significativamente los requisitos para obtener la residencia y la ciudadanía, afectando a miles de migrantes, incluidos los cubanos. La medida será aplicada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia y fue presentada por el gobierno de Javier Milei como respuesta a lo que califican como un sistema migratorio desbordado.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la prohibición de entrada a extranjeros con antecedentes penales, la expulsión inmediata de quienes crucen por pasos ilegales y el cobro obligatorio por servicios de salud y educación universitaria a migrantes no regulares. También se exigirá un seguro médico privado para ingresar al país.
Solo podrán acceder a la ciudadanía quienes vivan legalmente por al menos dos años o hagan inversiones importantes. Esta reforma, que rompe con la tradición migratoria flexible de Argentina, busca restringir el acceso a derechos sociales y limitar el arraigo de migrantes en situación irregular.
Corte Suprema de EEUU evalúa decisión de Trump de eliminar nacionalidad por nacimiento
La Corte Suprema evalúa la constitucionalidad de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados o con visas temporales. La medida, firmada el 20 de enero de 2025, contradice más de un siglo de jurisprudencia basada en la Decimocuarta Enmienda, que garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense.
La orden ejecutiva, conocida como EO 14160, redefine el concepto de “jurisdicción” para excluir a hijos de padres sin estatus migratorio permanente. Diversos tribunales federales han bloqueado su aplicación mediante medidas cautelares a nivel nacional.
El 15 de mayo, el Supremo escuchó argumentos centrados en la validez de estas órdenes judiciales universales. Se espera que el fallo del Supremo, previsto para julio, tenga implicaciones significativas en la interpretación de la ciudadanía por nacimiento y en la capacidad de los tribunales para frenar acciones ejecutivas a nivel nacional.
