La administración Trump impulsa al Departamento de Justicia a iniciar cientos de procesos de desnaturalización contra estadounidenses nacidos fuera de EEUU, según reportes citados por The New York Times.
La medida busca retirar la ciudadanía a personas naturalizadas que, según el gobierno, la obtuvieron de forma ilegal o incurrieron en conductas que podrían justificar esa acción ante un tribunal.
El Departamento de Justicia ya habría identificado a 384 ciudadanos estadounidenses nacidos en el extranjero. Contra ellos comenzaría el procedimiento en las próximas semanas. Las autoridades no han explicado públicamente qué criterios concretos llevaron a seleccionar a ese grupo inicial.
La ley estadounidense permite pedir a una corte la cancelación de la ciudadanía cuando una persona la obtuvo mediante fraude, mentira u ocultamiento deliberado de información. Entre los casos mencionados figuran declaraciones falsas ante funcionarios, matrimonios fraudulentos o determinados delitos cometidos por ciudadanos naturalizados.
Este tipo de proceso ha sido poco frecuente por su alto costo y la cantidad de personal que exige. Sin embargo, altos funcionarios informaron en una reunión reciente que litigantes civiles de 39 oficinas regionales serían asignados a presentar estas demandas.
Entre 2017 y finales de 2025, EEUU retiró la ciudadanía a poco más de 120 personas naturalizadas, según The New York Times. La cifra contrasta con los 384 casos ahora identificados, que un alto funcionario del Departamento de Justicia, Francey Hakes, describió como “la primera ola”.
Hakes sostuvo que la ofensiva forma parte de una “iniciativa de la Casa Blanca”. Sin embargo, un portavoz del gobierno rechazó esa descripción y afirmó al Times que “no es una iniciativa de la Casa Blanca, es ley federal”.
Cuando una persona pierde la ciudadanía, regresa al estatus migratorio que tenía antes de naturalizarse. Además, como los procesos migratorios son de carácter civil, los inmigrantes no tienen derecho automático a un abogado provisto por el Estado.
El aumento de casos podría obligar a desplazar funcionarios de otras áreas del Departamento de Justicia. Según la información citada, esa redistribución de personal puede afectar oficinas dedicadas a investigaciones de fraude médico u otros delitos civiles.
Un memorando del Departamento de Justicia amplió el año pasado las categorías de personas que podrían ser objetivo. Entre ellos aparecen individuos acusados de tener vínculos con terrorismo, pandillas o carteles. Expertos advirtieron que el lenguaje podría ser demasiado amplio.
La desnaturalización tiene una larga historia en EEUU. Durante el siglo XX, periodistas, activistas y líderes sindicales fueron perseguidos bajo acusaciones de anarquismo o comunismo. En los años 60, la Corte Suprema limitó estos casos a fraude o tergiversación deliberada. Luego se centraron sobre todo en criminales de guerra, incluidos nazis que mintieron para obtener ciudadanía. Los esfuerzos crecieron bajo Obama y se aceleraron en el primer mandato de Trump, cuando se intentó revisar 700.000 expedientes.
