El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos planea gastar más de 38.000 millones para aumentar su capacidad de detención, elevando el número de camas disponibles a 92.600, según un documento oficial recientemente publicado. Esta medida tiene como objetivo afrontar el creciente número de inmigrantes detenidos en el país.
Según el documento, el ICE adquirirá varios almacenes en diferentes estados para convertirlos en centros de detención y procesamiento. Entre ellos se encuentran instalaciones en ciudades como Arizona, Georgia, Maryland, Pensilvania y Texas, que se sumarán a los 16 centros regionales de procesamiento que el ICE planea establecer.
Estos centros albergarán entre 1.000 y 1.500 detenidos, y las estancias promedio oscilarán entre tres y siete días. Además, se prevé la creación de ocho centros de detención a gran escala con capacidad para entre 7.000 y 10.000 personas, con estancias de hasta 60 días.
La expansión de la infraestructura de detención está siendo financiada, por una parte, de los $45.000 millones asignados a estos centros como resultado de los recortes de impuestos aprobados por la administración de Trump.
El plan también incluye la compra de instalaciones “llave en mano” para optimizar la implementación del sistema. Todos estos centros se espera que estén en funcionamiento para noviembre de este año.
A mediados de enero, el ICE tenía más de 75.000 inmigrantes detenidos, un aumento significativo respecto a los 40.000 detenidos a principios de 2017, cuando Donald Trump asumió la presidencia por primera vez. Este crecimiento es parte de un esfuerzo más amplio por ampliar las instalaciones y mejorar la capacidad de respuesta a las demandas del sistema migratorio.
Las críticas sobre la falta de transparencia de ICE también han aumentado. En una audiencia reciente, el director interino del ICE, Todd Lyons, comentó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había trabajado con la gobernadora de New Hampshire y le había proporcionado un resumen sobre los impactos económicos de estos planes. Sin embargo, Kelly Ayotte contradijo esas declaraciones, afirmando que la información fue entregada horas después de que se produjera su testimonio.
Además de la compra de almacenes, el ICE ha avanzado en la adquisición de propiedades en diferentes ciudades, aunque varios acuerdos han sido cancelados tras la presión de los activistas. A pesar de estos contratiempos, el DHS continúa buscando espacios adicionales para enfrentar la creciente demanda de espacios de detención.
En un intento por calmar las críticas, el DHS aclaró que los nuevos centros de detención no se considerarán «almacenes», sino instalaciones «muy bien estructuradas» que cumplen con los estándares del ICE. No obstante, las tensiones continúan, ya que muchos cuestionan la transparencia del proceso y la falta de comunicación por parte de las autoridades federales.
