La administración Trump busca destinar hasta 45 mil millones de dólares para expandir la infraestructura de detención de inmigrantes en Estados Unidos, un proyecto que pretende ampliar el control migratorio a una escala nunca antes vista en el país. La solicitud de propuestas fue publicada la semana pasada por
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), necesita hasta 45 mil millones de dólares, seis veces su presupuesto actual, para las operaciones de detención y deportación masiva de migrantes que se realizarán en los próximos dos años.
La escala del proyecto, nunca antes vista, está en consonancia con los deseos y promesas de Donald Trump de hacer la “mayor deportación de la historia de EEUU”. Según la solicitud fondos publicada en línea por la administración republicana, el dinero sería empleado en la creación de nuevas instalaciones de detención, transporte, seguridad, apoyo médico y otros servicios administrativos.
Durante el último año fiscal, el DHS destinó 3.4 mil millones de dólares para las operaciones de detención, pero los niveles de población superan la capacidad de los centros. Actualmente, el ICE alberga alrededor de 47.900 personas, por encima del límite de 41.500 establecidos por el Congreso el año pasado. Además, se prevé que el presupuesto de la agencia aumente considerablemente en los próximos meses, con 500 millones de dólares adicionales ya aprobados.
Todas las instalaciones y servicios logísticos serían puestos a concurso público para que diversos contratistas compitan por el trabajo.
De acuerdo con el diario The New York Times. ICE permitirá que los contratistas privados gestionen los nuevos centros bajo normativas menos estrictas que las establecidas para los centros públicos. Esto incluye la eliminación de algunos estándares de atención médica, como la provisión de servicios de salud mental y el acceso a información legal sobre los derechos de los detenidos.
Estas medidas son vistas por muchos como una forma de reducir costos a expensas de la calidad de la atención, lo que ha generado críticas tanto de defensores de los inmigrantes como de exfuncionarios gubernamentales.
Aunque el gobierno de Trump ha sugerido utilizar bases militares como centros de detención temporales, la administración busca ampliar esta red a nivel nacional, lo que marcaría un cambio significativo en la política migratoria estadounidense.
Compañías como CoreCivic y Geo Group, que gestionan varios centros en el país, han firmado nuevos contratos multimillonarios, lo que resalta la estrecha relación entre el sector privado y las políticas de inmigración de la administración Trump.
La rapidez con la que se presentaron las propuestas y el volumen de inversión anticipado indican una coordinación acelerada para cumplir con los objetivos del gobierno. Ambas compañías cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York y desde la victoria de Trump en las elecciones de noviembre de 2024 han aumentado considerablemente su cotización.
Como parte del plan de ahorro, también se ha desmantelado recientemente la Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes, que había sido creada en 2019 para proporcionar una vía independiente para la supervisión de los centros de detención. La desaparición de este organismo ha suscitado preocupación sobre la falta de control y transparencia en el sistema de detención, lo que podría llevar a un aumento de los abusos en estas instalaciones.
