ICE detuvo el 11 de abril a la doctora venezolana Rubelis Bolívar Obibi en el aeropuerto internacional de McAllen, Texas, cuando intentaba viajar junto a su hija de cinco años a California para acudir a una cita vinculada con su proceso de asilo pendiente.
La médica, que trabaja atendiendo pacientes en el sur de Texas, en una zona con déficit de profesionales de la salud reconocida por el gobierno federal, fue retenida por autoridades migratorias pese a que, según su familia, presentó documentos para justificar el viaje.
De acuerdo con el testimonio de sus familiares, Bolívar explicó a los oficiales el motivo de su traslado, pero aun así fue arrestada. Su hermana relató que, cuando mostró la documentación, los agentes le dijeron que era venezolana y que eso no importaba.
Tras la detención, tanto la doctora como la menor fueron llevadas a un centro de atención en McAllen. Después de 16 horas, la niña, ciudadana estadounidense, fue liberada y entregada a sus abuelos.
La familia asegura que la menor, identificada como Milena, quedó confundida y asustada por lo ocurrido. Sus allegados describen la situación como una pesadilla y sostienen que nunca imaginaron un desenlace de ese tipo mientras la doctora cumplía con un trámite migratorio.
La escena, según el entorno familiar, no solo impactó a la niña, sino que también profundizó la angustia de una familia que ya vivía pendiente de un proceso legal sin resolver.
Bolívar lleva casi 10 años en Estados Unidos y, según sus familiares, había logrado abrirse camino profesional tras años de esfuerzo para ejercer como médica de emergencias en ese país.
Trabajaba en el sistema de salud del sur de Texas, una región donde la falta de personal sanitario sigue siendo un problema. Su hermana afirmó que alcanzar esa meta le costó exámenes, desvelo, sacrificios y muchas lágrimas, por lo que la detención ha sido interpretada por su círculo cercano como un golpe directo a su estabilidad y a su carrera.
El caso de Bolívar es la segunda detención de un médico venezolano en menos de una semana en el sur de Texas. El antecedente inmediato fue el arresto de Ezequiel Bellis, ocurrido el 6 de abril en un punto de control fronterizo.
Esa sucesión de casos ha disparado la preocupación entre profesionales de la salud migrantes, especialmente entre los venezolanos que ejercen en Estados Unidos mientras enfrentan procesos de regularización aún inconclusos.
Según el director de la organización Médicos Unidos Venezuela, en Estados Unidos hay más de 2,000 médicos venezolanos y el 90% mantiene un estatus migratorio pendiente.
Ese dato ilustra la dimensión del problema y explica la inquietud creciente en una comunidad que ahora teme que viajar, incluso para comparecer a una cita oficial de inmigración, pueda convertirse en un riesgo.
Para muchas familias, la incertidumbre ya no es abstracta: amenaza empleos, separa hogares y deja en suspenso proyectos construidos durante años.
La familia de Bolívar sostiene que la doctora cuenta con un permiso de trabajo vigente hasta 2030 y además tiene pendiente una solicitud I-485 derivada de un proceso migratorio vinculado al empleo de su esposo.
A pesar de ello, una abogada consultada, sin relación con el caso, recomendó que los migrantes busquen asesoría legal antes de viajar, incluso cuando el desplazamiento tenga como fin una gestión migratoria o una entrevista oficial.
La jurista señaló que, bajo las nuevas reglas aplicadas por las autoridades, algunos funcionarios estarían actuando con un criterio más restrictivo frente a quienes aún no tienen definido su estatus.
En ese contexto, planteó que una extensión de la cita pudo haber sido una opción más prudente. Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional no había respondido a la solicitud de información sobre lo ocurrido, según el reporte citado.
De acuerdo con una investigación mencionada del New York Times, la tasa de aprobación de asilos durante los gobiernos de Biden y Obama alcanzaba o superaba el 50%. En febrero, ya bajo la administración Trump, ese porcentaje habría caído al 7%.
