En una operación reciente, titulada Honor de Ángel, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) logró arrestar a más de 1.000 inmigrantes ilegales que habían cometido crímenes, entre los que se encuentran tres cubanos.
La redada nacional, que tuvo una duración de 14 días, buscaba identificar y capturar a criminales involucrados en delitos violentos, siguiendo el espíritu de justicia que honra a la víctima Laken Riley.
Uno de los arrestos más significativos fue el de Sergio Luis Hernández González, un cubano acusado de 17 cargos de robo, dos de allanamiento de morada, venta de cocaína, resistencia a la autoridad, robo de vehículos y fraude.
Otro caso fue Avelino Lage-Caro, inmigrante ilegal de origen cubano, condenado por posesión de cocaína, venta de cocaína y posesión de un arma. También fue acusado de hurto.
Por otra parte, se detuvo a Yorisane Lazo, inmigrante ilegal de origen cubano, condenada por homicidio intencional con arma, robo y robo con violencia callejera.
La operación Honor de Ángel forma parte de un esfuerzo más amplio de ICE para proteger a las comunidades estadounidenses de la amenaza de los inmigrantes ilegales involucrados en actividades criminales.
La agencia ha sido clave en la implementación de políticas que buscan garantizar la seguridad pública, al mismo tiempo que se enfocan en la eliminación de individuos peligrosos que han sido liberados bajo políticas federales anteriores.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha detenido a más de 17.500 inmigrantes ilegales involucrados en crímenes graves durante una operación nacional. Esta iniciativa, parte de la Ley Laken Riley, fue lanzada en honor a la joven estudiante de enfermería de Georgia, Laken Riley, quien fue asesinada por un miembro de la banda terrorista Tren de Aragua.
El detenido, un venezolano, había sido arrestado y liberado varias veces antes de cometer el crimen. En el marco de esta operación, tres cubanos fueron arrestados por delitos graves que incluyen robo, narcotráfico y homicidio.
La Ley Laken Riley, firmada por el presidente Donald Trump, exige la detención de inmigrantes ilegales acusados de delitos graves, tales como robo, asalto a oficiales de la ley, y crímenes que resulten en muerte o lesiones graves.
Este marco legal busca garantizar que aquellos involucrados en actos violentos enfrenten la justicia, incluso si han sido previamente liberados bajo políticas de santuario.
“Ahora, estos criminales enfrentarán la justicia y serán removidos de nuestro país”, afirmó Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional. Este enfoque refuerza el compromiso de la administración por garantizar que los criminales extranjeros no queden impunes.
