Un reciente informe revela que los hispanohablantes se encuentran entre los grupos más afectados por las barreras lingüísticas en los tribunales de inmigración de Estados Unidos. A pesar de las leyes que exigen intérpretes en estos procedimientos, la falta de representación legal sigue siendo un desafío crítico, especialmente para aquellos que no hablan inglés.
El informe, realizado por el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, destaca que desde 1998, los hispanohablantes han tenido una tasa de representación legal significativamente más baja que otras comunidades lingüísticas. Mientras que los hablantes de mandarín y punjabi tienen una representación en más del 75% de sus casos, los hispanohablantes han sido representados en solo el 34% de los casos en lo que va del año fiscal 2025.
Este análisis se basa en registros de casos judiciales obtenidos mediante solicitudes de acceso público a la Executive Office for Immigration Review (EOIR). Los datos revelan que, aunque los tribunales están obligados a ofrecer intérpretes, no existen garantías para la provisión de abogados, lo que deja a muchos inmigrantes, especialmente a los que hablan lenguas menos comunes, vulnerables a decisiones desfavorables.
Los tribunales de inmigración de EEUU se rigen por un sistema en inglés, donde la capacidad de expresar adecuadamente el caso personal se vuelve crucial. Esto se vuelve aún más crítico en procedimientos de asilo, donde la decisión depende en gran medida de la declaración de la persona. Sin embargo, muchas personas, especialmente aquellas que no hablan inglés, enfrentan obstáculos para recibir asistencia legal adecuada. Según el informe, las tasas de representación de los hablantes de español, creole y árabe han disminuido significativamente en los últimos cinco años, con un descenso de más de diez puntos porcentuales en algunos casos.
Los datos también muestran que, aunque los servicios de interpretación están disponibles, el proceso de encontrar abogados que hablen el idioma adecuado sigue siendo problemático. Esto afecta directamente a la capacidad de los inmigrantes de obtener un resultado favorable en sus casos, especialmente para aquellos que enfrentan órdenes de remoción.
De acuerdo con el informe, los hispanohablantes reciben más del 80% de las órdenes de remoción en el año fiscal 2025 y, en su mayoría, no tienen representación legal en esos procedimientos.
A medida que avanza el año fiscal 2025, los datos muestran una caída general en la representación legal en los tribunales de inmigración. Sin embargo, algunos grupos lingüísticos, como los hablantes de ruso y portugués, han experimentado una mayor tasa de representación en comparación con años anteriores. En cambio, los hispanohablantes y los que hablan creole se encuentran entre los menos representados.
El acceso a un abogado sigue siendo un factor determinante para obtener una decisión favorable en los tribunales de inmigración. En la actualidad, las organizaciones legales y los defensores de los derechos civiles continúan presionando por una reforma que garantice el acceso pleno a la representación legal, sin importar el idioma del inmigrante.
