La Oficina Ejecutiva para Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) autorizó formalmente a los jueces de inmigración a desestimar solicitudes de asilo por motivos legales, sin necesidad de celebrar una audiencia, siempre que no existan hechos en disputa. La medida, que entra en vigor de inmediato, busca aliviar el colapso del sistema migratorio estadounidense, que actualmente acumula casi 4 millones de casos pendientes.
El memorando, emitido el 11 de abril por la directora interina de EOIR, Sirce E. Owen, aclara que cuando una solicitud de asilo no cumple con los requisitos legales mínimos —por ejemplo, falta de conexión con una causa protegida o presentación fuera del plazo legal—, puede ser rechazada de manera sumaria por el juez sin que se escuche al solicitante en audiencia.
“No se requiere audiencia cuando no hay hechos en disputa relevantes. Forzar a los jueces a celebrar audiencias en cada caso, incluso cuando no cambiarán el resultado legal, es ineficiente y contrario a las regulaciones actuales”, afirma el documento.
La guía recuerda que la carga de probar elegibilidad recae en el solicitante, y cita precedentes legales que respaldan la práctica de “pretermission”, es decir, la desestimación preliminar de casos que carecen de mérito legal suficiente.
Entre los ejemplos citados figuran:
- Solicitudes presentadas fuera del plazo de un año sin justificación válida
- Falta de conexión con un motivo protegido (como persecución por raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social)
- Antecedentes penales que descalifican automáticamente al solicitante
Aunque el memorando tiene un tono orientativo y no obliga a un resultado específico en cada caso, refuerza el poder discrecional de los jueces para acelerar la resolución de solicitudes que consideran legalmente infundadas, sin necesidad de procesarlas como casos ordinarios.
La EOIR cita jurisprudencia reciente y el marco regulatorio vigente para sustentar el cambio, y desestima la vigencia de antiguos precedentes como Matter of Fefe (1989), que establecían la necesidad de audiencia para cualquier solicitud de asilo. Según el nuevo enfoque, solo si existen disputas relevantes sobre los hechos del caso debe celebrarse una audiencia.
La medida ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que temen que solicitantes legítimos puedan ser rechazados por errores formales o falta de representación legal adecuada. Sin embargo, desde el gobierno se defiende como una herramienta necesaria para gestionar eficientemente el enorme volumen de casos y concentrar recursos en aquellos con base legal sólida.
“No tiene sentido interrogar al solicitante si los hechos no cambiarían el resultado legal del caso”, concluye el memorando.
La nueva directiva llega en un contexto de endurecimiento general de las políticas migratorias bajo la administración Trump, y coincide con el impulso a otras medidas como el uso de tecnología para facilitar autodeportaciones voluntarias y la imposición de multas a quienes desobedecen órdenes de deportación.
