El gobierno de Estados Unidos apeló este viernes la decisión de una jueza federal en Boston que bloqueó los intentos de la administración Trump de revocar masivamente los permisos de permanencia y trabajo a más de 530,000 migrantes beneficiarios del programa de parole humanitario conocido como CHNV (Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela).
La apelación fue presentada ante la Corte de Apelaciones del Primer Circuito por el Departamento de Justicia, que busca revertir el fallo de la jueza Indira Talwani, quien ordenó el pasado 14 de abril la suspensión temporal de las terminaciones de parole y certificó a los migrantes como parte de una demanda colectiva.
La decisión de Talwani impide, al menos por ahora, que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revoque estos permisos de forma masiva el próximo 24 de abril, como había anunciado formalmente la administración Trump el mes pasado.
“Si no emito esta orden de suspensión, el estatus legal de estos inmigrantes expiraría en menos de dos semanas”, escribió la jueza en su fallo de 41 páginas. “Quedarían con dos opciones desfavorables: abandonar el país voluntariamente o enfrentar procesos de deportación.”
El programa CHNV y su impacto
El programa de parole fue lanzado en enero de 2023 bajo la presidencia de Joe Biden, como una vía legal, ordenada y segura para migrantes de países en crisis. Para acceder, los solicitantes debían tener un patrocinador financiero en EE.UU., pasar revisiones de antecedentes y de salud, y viajar por vía aérea.
Hasta diciembre de 2024, habían ingresado legalmente por esta vía:
- 110,240 cubanos
- 211,040 haitianos
- 93,070 nicaragüenses
- 117,330 venezolanos
Un total de 531,690 personas que evitaron cruzar la frontera sur y encontraron en este mecanismo una alternativa humanitaria, muchos de los cuales se han establecido en el sur de Florida.
La ofensiva de Trump
Sin embargo, la administración de Donald Trump anunció el pasado 25 de marzo su intención de eliminar el programa, argumentando que no representaba un “beneficio público significativo”, que saturaba el sistema migratorio y que era incompatible con las prioridades de seguridad nacional del presidente.
“Estos programas no han reducido la inmigración ilegal, no cumplen sus objetivos y son inconsistentes con nuestras prioridades de seguridad fronteriza”, afirmó el DHS en su notificación oficial.
Durante la audiencia, la jueza Talwani criticó duramente el enfoque del gobierno:
“Lo que están priorizando no es a quienes cruzaron ilegalmente, sino a quienes siguieron las reglas,” expresó.
El gobierno ha sostenido que el parole es una medida discrecional y que puede revocarse sin un proceso judicial. Pero Talwani advirtió que una revocación masiva sin evaluación individualizada excede la autoridad del secretario del DHS y vulnera los derechos básicos de los migrantes.
La apelación
El documento de apelación, presentado por los abogados del Departamento de Justicia, pide revertir tanto la suspensión de las terminaciones como la certificación de la demanda colectiva. De ser aceptado por la Corte del Primer Circuito, el gobierno podría retomar su plan de terminar los paroles a partir del 24 de abril, dejando a miles de personas en riesgo de deportación inmediata.
Mientras tanto, la medida judicial ofrece un alivio temporal a quienes aún no han podido ajustar su estatus o solicitar asilo.
Contexto humanitario
Los beneficiarios del programa CHNV provienen de países sumidos en crisis profundas:
- Cuba vive bajo un régimen autoritario, con escasez generalizada y cortes eléctricos constantes.
- Haití enfrenta un colapso institucional y una crisis humanitaria provocada por la violencia de pandillas.
- Venezuela y Nicaragua están gobernados por regímenes represivos que han generado un éxodo masivo de sus ciudadanos.
La decisión judicial representa un freno al endurecimiento migratorio impulsado por Trump, quien ha prometido cerrar vías legales como el parole y endurecer significativamente las deportaciones si regresa a la Casa Blanca.
¿Qué sigue?
Aunque el fallo de la jueza Talwani brinda un respiro, la batalla legal continúa. La Corte de Apelaciones deberá decidir en las próximas semanas si mantiene la protección o da luz verde al gobierno para reanudar la revocación masiva.
La comunidad migrante, en particular la del sur de Florida, sigue de cerca el desarrollo de este caso, que podría marcar un antes y un después en las políticas de inmigración humanitaria en Estados Unidos.
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