Florida planea cerrar el centro de detención migratoria “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades, menos de un año después de su apertura, por el alto costo operativo y las disputas que rodearon su funcionamiento.
Según un reporte de The New York Times, funcionarios estatales informaron a empresas proveedoras que deben prepararse para desmontar el campamento a partir de junio, cuando serían trasladados o deportados unos 1.400 detenidos.
La instalación, situada en una zona remota del sur de Florida, llegó a requerir cerca de 1 millón de dólares diarios para operar. Los gastos acumulados se aproximan a 1.000 millones de dólares, una cifra que aumentó la presión sobre las autoridades estatales y los contribuyentes floridanos.
“Alligator Alcatraz” fue inaugurado en julio de 2025 como parte de la política migratoria impulsada por Donald Trump y respaldada por el gobernador republicano Ron DeSantis. Sus promotores lo presentaron como un modelo de detención para migrantes, pero el centro quedó rápidamente bajo escrutinio público.
Organizaciones defensoras de inmigrantes denunciaron condiciones insalubres, trato inhumano y presuntas violaciones de derechos. Entre los señalamientos también figuran restricciones al acceso legal de los detenidos, un punto sensible para familias migrantes que siguen estos procesos desde el exterior.
El centro funcionaba a unas 50 millas al oeste de Miami, en terrenos de un aeropuerto de entrenamiento. La estructura incluía carpas, cercas, remolques y áreas de confinamiento levantadas en una zona ambientalmente frágil de los Everglades.
El costo terminó convertido en el factor principal del posible cierre. DeSantis había sostenido que el gobierno federal reembolsaría a Florida los gastos de construcción y operación. Sin embargo, aunque el estado solicitó 608 millones de dólares, el pago se ha demorado por litigios, cuestionamientos ambientales y otros obstáculos.
A esa cantidad se suman cerca de 300 millones de dólares adicionales sin garantía de reembolso. Esa incertidumbre financiera elevó las críticas contra un proyecto que, además de polémico, podría dejar una pesada factura para los residentes de Florida.
Una vez retirados los detenidos, comenzaría la “desmovilización” del sitio. Ese proceso incluiría el desmontaje de cercas, remolques y otras estructuras. Después, el terreno volvería a operar como un pequeño aeropuerto destinado al entrenamiento de pilotos.
Grupos ambientalistas y organizaciones proinmigrantes celebraron la posible clausura, pero advirtieron que la batalla legal seguirá. El Center for Biological Diversity y Friends of the Everglades han litigado contra el campamento por daños al ecosistema de Big Cypress, a los humedales y a territorios ancestrales de la tribu Miccosukee.
Legisladores demócratas también criticaron el proyecto. Debbie Wasserman Schultz lo calificó como un símbolo de crueldad, despilfarro y abuso contra tierras ambientales y tribales.
Maxwell Frost lo describió como un “experimento fallido de sufrimiento humano” y pidió rendición de cuentas por el dinero gastado y los abusos denunciados.
El Departamento de Seguridad Nacional negó que presionara a Florida para cerrar el centro y afirmó que evalúa de forma constante sus necesidades de detención.
DeSantis dijo que no recibió una comunicación formal de cierre, aunque reconoció que la instalación dejaría de operar si dejaba de recibir detenidos. Mientras tanto, “Deportation Depot”, otra cárcel migratoria en el norte de Florida, seguiría funcionando.
