Florida enfrenta nuevas preguntas por la concentración de arrestos migratorios en Palm Beach, donde la Patrulla de Carreteras de Florida detuvo a 1.229 inmigrantes desde agosto pasado, según datos estatales citados este 12 de mayo.
La cifra equivale a cerca de una de cada cinco capturas registradas bajo el programa federal 287(g), aplicado en el estado por orden del gobernador Ron DeSantis.
El total estatal supera los 6.600 arrestos y corresponde al modelo de Fuerza Especial del 287(g), firmado en febrero de 2025. El esquema permite a agentes estatales y locales interrogar sobre el estatus migratorio durante paradas de tránsito y realizar detenciones en el lugar.
La Junta Estatal de Aplicación de la Ley Migratoria reportó 6.666 detenciones de la FHP hasta el 5 de mayo. Sin embargo, esa cifra podría ser menor al total real, porque el registro público solo cubre desde agosto, aunque el acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se firmó seis meses antes.
La situación genera inquietud entre defensores de inmigrantes y exlegisladores. Algunos esperaban un mayor volumen de arrestos en Miami-Dade y Broward, condados con poblaciones extranjeras más numerosas.
Rick Roth, agricultor y exlegislador republicano, dijo que recibe llamadas frecuentes de personas detenidas y también se pregunta por qué ocurre esa concentración.
Alana Greer, directora del Community Justice Project, atribuyó parte del patrón a la estructura interna de la FHP. La Tropa L, con sede en Lake Worth, supervisa Okeechobee, Indian River, St. Lucie, Martin, Palm Beach y Broward. Esa organización habría colocado al condado en el centro del despliegue operativo.
Lake Worth es una ciudad de mayoría hispana y cuenta con más de 9.000 residentes de origen guatemalteco. Según los datos citados, cerca de dos terceras partes de los arrestos de la FHP corresponden a personas guatemaltecas y mexicanas, un dato que elevó las sospechas de organizaciones civiles.
Greer sostuvo que esa distribución no responde a que esos grupos sean la población inmigrante más numerosa de Florida. A su juicio, el comportamiento de las detenciones muestra un patrón preocupante de perfilamiento racial, una acusación grave en un estado donde las medidas migratorias han ganado peso político.
Dave Kerner, director ejecutivo del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida, fue nombrado por DeSantis en 2023. Antes representó como demócrata un distrito legislativo de mayoría hispana y fue alcalde de Palm Beach hasta 2022.
Kerner explicó en septiembre que la FHP trabaja de forma coordinada con ICE y la Patrulla Fronteriza. Según dijo, cuando una parada de tránsito deriva hacia dudas sobre el estatus legal de una persona, agentes federales pueden estar presentes en los vehículos estatales. También señaló que unos 2.000 agentes fueron capacitados en el programa.
El modelo de Fuerza Especial fue cancelado durante el gobierno de Barack Obama tras una investigación del Departamento de Justicia sobre perfilamiento racial en Arizona. Luego fue reactivado bajo Donald Trump.
En mayo de 2025, la FHP participó en el arresto de Kenny Laynez-Ambrosio, ciudadano estadounidense de 18 años, en un caso en el que la fiscalía descartó cargos.
Documentos federales filtrados en marzo indicaron que el FLHSMV recibió 89 millones de dólares adicionales, la mayor asignación entre unas 400 agencias policiales colaboradoras de ICE.
Para comunidades inmigrantes, incluidas familias cubanas en Florida, el avance de estos operativos confirma un escenario de mayor vigilancia y temor ante detenciones iniciadas por simples paradas de tránsito.
