El exiliado cubano Virgilio Paz Romero permanece detenido en Miami bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), mientras las autoridades buscan enviarlo a un tercer país tras una decisión judicial que rechazó su liberación.
Paz, condenado por su participación en el atentado que provocó la muerte del exembajador chileno Orlando Letelier en Washington en 1976, podría ser expulsado del territorio estadounidense.
El hombre, originario de Santa Clara y actualmente de avanzada edad, se encuentra recluido desde enero en el centro migratorio de Krome, en el sur de Florida. Su situación volvió a captar atención pública luego de una investigación publicada por The Washington Post con motivo del aniversario número 50 del ataque ocurrido el 21 de septiembre de 1976.
ICE intenta concretar un destino alternativo para la deportación
El juez federal Darrin P. Gayles rechazó el 28 de agosto la solicitud presentada por los abogados de Paz, quienes argumentaron que su cliente tenía “problemas médicos graves” y que no existía “una probabilidad significativa de deportación en un futuro previsible”.
El magistrado estableció que el gobierno debía definir en un plazo de 30 días si trasladaba al cubano hacia otra nación o si autorizaba su liberación bajo supervisión migratoria.
Durante la audiencia, ICE informó que mantenía gestiones para ejecutar la expulsión. Además, indicó que el Departamento de Estado conversaba con un país dispuesto a recibirlo. Las autoridades no han informado cuál sería ese posible destino.
El caso está relacionado con uno de los atentados políticos más relevantes registrados en la capital estadounidense. El 21 de septiembre de 1976, una bomba colocada debajo del vehículo de Orlando Letelier explotó mientras circulaba por Sheridan Circle, en Washington. La acción provocó la muerte del diplomático chileno y de la ciudadana estadounidense Ronni Karpen Moffitt.
El atentado de 1976 vuelve al debate cinco décadas después
Las investigaciones posteriores vincularon el ataque con la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), aparato represivo de la dictadura chilena, y con miembros del exilio cubano anticastrista. Años después, la CIA concluyó que el dictador chileno Augusto Pinochet había autorizado la operación.
Los investigadores señalaron a Paz como la persona que habría activado el dispositivo explosivo. Tras el atentado, permaneció prófugo durante 15 años en Florida utilizando el nombre de Frank Báez y administrando un negocio de jardinería.
Su arresto ocurrió en 1991 después de que su imagen apareciera en el programa televisivo “America’s Most Wanted”. Personas de su comunidad lo reconocieron y notificaron a las autoridades.
Paz aceptó declararse culpable de un cargo reducido relacionado con el asesinato y cumplió siete años de una condena de 12. Posteriormente permaneció bajo custodia migratoria durante tres años adicionales, hasta que Estados Unidos decidió liberarlo en 2001 al no poder enviarlo a Cuba.
“En retrospectiva, creo que fue un grave error humano”, declaró entonces sobre su participación en el atentado, que atribuyó a “mi juventud”.
La disputa sobre deportaciones a terceros países continúa en tribunales
Aunque Cuba recibe actualmente vuelos de deportación desde Estados Unidos, Paz ha manifestado durante años que no desea regresar a la isla, de donde salió cuando era adolescente. Según The Washington Post, nunca completó el proceso para obtener la ciudadanía estadounidense porque mantenía la intención de volver algún día a Cuba.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional afirmó que la administración Trump emplea “todas las opciones legales” disponibles para aplicar sus políticas migratorias. También explicó que, cuando una persona no puede o no quiere regresar a su país de origen, el gobierno busca acuerdos con otras naciones.
La situación del cubano ocurre mientras tribunales estadounidenses revisan los procedimientos utilizados para enviar migrantes a terceros países. Un tribunal federal de apelaciones determinó recientemente que algunas expulsiones podrían afectar el debido proceso si los migrantes no reciben información suficiente ni tienen oportunidad de demostrar riesgos de persecución o tortura.
Hasta ahora, las autoridades no han revelado qué país podría recibir a Paz ni qué impacto tendrá ese proceso judicial en su futuro. La incertidumbre coincide con los homenajes realizados en Sheridan Circle para recordar a Letelier y Moffitt, asesinados hace medio siglo en aquel atentado.
