El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado una drástica reducción en el costo para renunciar a la ciudadanía estadounidense.
A partir de la nueva normativa publicada en el Federal Register, la tarifa se ha reducido de 2.350 dólares a 450 dólares, lo que supone un descuento de aproximadamente el 80%.
La medida, que entró en vigor el pasado viernes, retoma el monto original que el gobierno federal aplicaba desde 2010. Esta reducción responde a años de disputas legales y presión por parte de grupos que representan a ciudadanos estadounidenses residentes en el extranjero.
La medida fue prometida por el Departamento de Estado en 2023, pero no fue hasta ahora que se implementó oficialmente.
Según información de la agencia AP, el cambio llega después de una creciente presión de grupos que abogan por los derechos de los expatriados, quienes buscan renunciar a su nacionalidad debido a cargas fiscales y administrativas.
En años recientes, muchos ciudadanos estadounidenses en el extranjero se han visto obligados a cumplir con requisitos fiscales más estrictos, lo que ha generado un fuerte descontento.
Renunciar a la ciudadanía estadounidense no es un trámite sencillo ni inmediato. El proceso incluye varios pasos, desde confirmaciones por escrito hasta entrevistas formales con funcionarios consulares del Departamento de Estado.
Los solicitantes deben comprender las implicaciones legales de su decisión, y una vez completado el proceso, se les permite realizar un juramento de renuncia, que será revisado y aprobado por las autoridades.
En 2015, el Departamento de Estado incrementó la tarifa de renuncia de 450 a 2,350 dólares, argumentando que era necesario cubrir los gastos administrativos. Este aumento coincidió con un aumento en el número de estadounidenses que querían abandonar su ciudadanía, en su mayoría por las nuevas obligaciones fiscales impuestas a los expatriados.
Datos judiciales que indican que más de 8.700 estadounidenses pagaron la tarifa completa desde el aumento en 2015.
Sin embargo, se espera que la medida pueda facilitar el proceso para aquellos que buscan deshacerse de su vínculo con Estados Unidos, lo que podría reducir las tensiones sobre las implicaciones fiscales y administrativas que enfrentan muchos expatriados.
